La fiscalía anticorrupción ha presentado nueva acusación penal contra el expresidente Ollanta Humala. El caso no está ligado a las empresas brasileñas o la trama Lava Jato, por la que actualmente enfrenta un juicio por lavado de activos y otros dos procesos judiciales. Esta vez, se trata de un caso de presunta corrupción en su gobierno por la compra de un equipo para la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) valorizado en más de US$ 21 millones.
Humala Tasso —según la acusación fiscal— habría intercedido para que Gómez Rodríguez concierte con el representante de la empresa israelí Verint Systems Ltd. la compra de un equipo de interceptación telefónica legal, valorizado en $21′600,000. Sin embargo, poco tiempo después de la adquisición, el equipo —sostuvo el humalismo— fue donado al Ministerio del Interior para uso de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.
Wilfredo Pedraza, quien fue ministro del Interior cuando la compra del equipo fue realizada, dijo que “no podía conversar” del tema. En su momento, Pedraza defendió la adquisición y aseguró que se había capacitado a 120 policías para usar el equipo. Pero esto, al parecer, nunca ocurrió. El equipo nunca fue usado por la PNP.
José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) dijo que actualmente la Policía emplea otro dispositivo con menor capacidad de interceptación. “No sé quién estará usando el equipo, pero en la Policía, tengo conocimiento, no está ese equipo”, sostuvo Baella.
“No sabría decirle si se compró o no se compró, si en realidad vino ese equipo, o si se utilizó (…) Cuando se habla de inteligencia, se mueve todo el gallinero”, agregó.
El caso ocurrió en 2012, cuando la DINI contaba con 20′000,000 de soles de presupuesto por recursos especiales. Solo un año atrás, Humala había llegado al sillón presidencial tras vencer en las urnas a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
De ser declarado culpable, Humala se convertiría en el primer exmandatario condenado por el escándalo Lava Jato en Perú, que salpicó a todos los gobernantes desde Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente en prisión preventiva por lavado de activos, el fallecido Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), investigado desde que fue ministro de Toledo.
En la víspera, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso, pidió al Poder Judicial que revoque el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el exdirector de la empresa brasileña, Jorge Barata, por haberse negado a declarar en el juicio contra el exgobernante.
