La jueza Ana María López Arroyo se eligió Presidente de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central (CSJSC) con su propio voto y cuando aún era jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA), transgrediendo la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Poder Judicial, Código de Ética, Reglamento de la OCMA, entre otros.
Los hechos sucedieron el 24 de agosto de este año cuando López Arroyo estaba encargada de la Corte por ser la más antigua y 3 integrantes de la CSJSC rechazaron su postulación, tras proponerse como candidata esa elección.
Aprovechando su voto dirimente se auto eligió y proclamó presidenta con Resolución Administrativa N° 508-2023-P-CSJSC-PJ como presidenta para el periodo restante 2022-2023.
De esta manera, la magistrada viene perpetuándose indebidamente en dicho cargo desde enero del año 2020 hasta la fecha, a pesar del impedimento a la reelección inmediata de acuerdo al artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A esta acción repudiable se debe agregar que en ese momento la magistrada, además, se desempeñaba como jefa de la ODECMA concentrando todo el poder en una sola persona en un claro acto de abuso y arbitrariedad.
López Arroyo, varias veces investigada por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial ha sido sancionada hasta con doble medida de suspensión por actos de corrupción.
Además de varias multas que aplicó la Unidad de Investigación y Anticorrupción de esa oficina.
Para los especialistas, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) debería anular esta elección e impedir que se perpetue en el cargo por tercer y cuarto año consecutivo.
“Estamos seguros que el CEPJ no avalará esta elección fraudulenta y fuera de ley de esta jueza, que además ha sido sancionada por actos de corrupción”, indicaron los juristas.
