Hay hechos y testimonios que contradicen algunos de los puntos que figuran en el informe operativo de acciones militares en Ayacucho, sostuvo Gloria Cano, directora de Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), tras considerar que esos documentos se han “confeccionado” con elementos que no son creíbles.
“En ese periodo de dos a tres meses ha estado parado en un momento el caso, y de todas maneras causa daño, porque eso implica que las personas que están siendo investigadas han tenido tiempo incluso para — me atrevo a decir — confeccionar esos documentos que se han publicado”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“¿Y por qué digo que han confeccionado?, porque no es creíble de que como se señala en alguna parte del documento de que no se podían contactar uno con otro, porque los celulares no funcionaban cerca del aeropuerto. He estado cientos de veces en el aeropuerto de Ayacucho, por supuesto que me puedo conectar con el celular. Además, que ha habido testimonios que contradicen algunos de los puntos que figuran en ese informe”, apuntó.
NO SOLO LOS HECHOS
Subrayó, en ese sentido, que no solo los hechos, sino también las declaraciones de alguno de los soldados y de algunas de las personas que han sido interrogadas refutan lo que se dice en el documento.
“Entonces, el hecho que la Fiscalía ha tenido que acudir al juez para obligar al Ejército a entregar ese informe después de cuántos meses. Estamos agosto, casi nueve meses de ocurridos los hechos, han tenido tiempo de confeccionar documentos para responsabilizar, porque se llega a decir, incluso en algún momento, que cada soldado iba a ser el responsable, porque a ellos se les había dado las indicaciones de cuándo hacer el uso de la fuerza”, manifestó.
“Entonces, [dicen] que cada uno, cada soldado tenía que discernir cuándo hacer el uso de la fuerza, el uso gradual de la fuerza, la fuerza preventiva, la fuerza reactiva y la fuerza letal. ¿Ese es el Ejército? Entonces, discúlpenme, pero la verdad que yo creo que esos documentos contradicen totalmente no solamente los hechos, sino también los dichos de alguno de los soldados, de algunas de las personas que han sido ya interrogadas”, agregó.
ES GRAVE
Argumentó, asimismo, que es grave que el Gobierno haya decidido la participación de los miembros del Ejército en el control de las manifestaciones, tanto en el monitoreo del aeropuerto y la plaza de armas, con armas de guerra.
“Claro, por supuesto, es grave que ya hayan decidido que sean los militares los que realizaran dos puntos, digamos, de monitoreo o de vigilancia, que eran de cuidado, que era el aeropuerto y la plaza de armas. Eran los dos puntos donde se señala que estuvieron el Ejército y en determinado momento ellos deciden dejar la plaza de armas para concentrarse todos en el aeropuerto”, indicó.
“Entonces, el hecho de haberlos enviado solo con armas de guerra, con algunos fumíferos que solo algunos tenían ya de por sí, o sea ¿cómo es que ellos se iban a enfrentar a una conflictividad social, una protesta, sino era con las armas de guerra? Entonces, ya de por sí ahí hay una alta responsabilidad de quienes tomaron la decisión”, acotó.
AYACUCHO
Finalmente, señaló que, pese a que hoy se han programado una serie de diligencias y se están ordenando los peritajes, sí hubo un retraso cuando las carpetas fiscales se trasladaron desde las regiones al Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP).
“Lamentablemente en el Ministerio Público ha habido un retroceso enorme con respecto a cómo se llevan a cabo las investigaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho inmediatamente la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, ocurridos los hechos el 15 de diciembre, se abocó al conocimiento, tomó inmediatamente algunas decisiones como ver el diario de los militares que habían salido a los operativos, etcétera”, explicó.
“Sin embargo, después, estando en pleno avance se tomó la decisión de centralizarlo en Lima. Entonces, eso ha sido un retroceso. Estuvo paralizado. Si bien es cierto en estas últimas semanas, hay una gran actividad en esta causa, estamos casi en diligencias diarias, y ya nos han notificado una nueva serie de diligencias. La fiscal es una fiscal que conoce de derechos humanos y está trabajando me parece bien, se está tomando a cabo los peritajes que corresponden, pero en ese periodo de dos a tres meses ha estado parado en un momento el caso, y de todas maneras causa daño”, refirió.
