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Bomberos en emergencia: Falta de equipos adecuados, corrupción en las compras, favoritismo en los ascensos

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UNO DE LOS GRUPOS sociales más prestigiados en el país es el de los bomberos voluntarios, por su entrega y heroísmo. Sin embargo, en la interna la están pasando muy mal a causa de la corrupción.

Cuando se produce un incendio o un siniestro de cualquier tipo, la población no duda en llamar al Cuerpo General de Bomberos. Saben que es una institución e la que pueden confiar, hasta para el rescate de mascotas en los acantilados. Lo que no saben los agradecidos usuarios es que esa entidad viene arrastrando una larga crisis que podría estallar en cualquier momento.
Ello porque en su manejo se ha instalado una cúpula que se beneficia de los recursos de la institución, sin preocuparse por las condiciones en que sus integrantes tienen que atender cada pedido de auxilio de los ciudadanos.
SIRENA DE ALARMA
El capítulo más reciente de esta crisis se inició con la dación del decreto supremo 1260, de diciembre de 2016, por el gobierno de PPK. A ese momento el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú era una institución centenaria, con más de 140 años de existencia, y estaba formada por 170 compañías y casi diez mil miembros. El decreto convirtió al Cuerpo de Bomberos en Intendencia Nacional, unidad de derecho público y ya no privado, que pasaba a ser receptora de donaciones y administradora de los recursos directamente recaudados. Por ello, la Intendencia se convirtió en un botín.
Antes, ya desde la época de Vladimiro Montesinos, el Cuerpo había sido manoseado por el gobierno, pero con la conversión los problemas se agudizaron. No se adquirieron los equipos mínimos de protección personal y respiración autónoma que su labor requiere y menos los uniformes de faena, de modo que los bomberos tenían que atender su labor con trajes de protección muy viejos y botas de jardinero, y protegiendo sus pulmones con equipos que nunca han recibido mantenimiento.
Tampoco se renovaron unidades con más de 30 años de antigüedad, algunas de las cuales eran de segunda mano. En 2019, en Lima y Callao de los 317 vehículos de emergencia, inoperativas en talleres o abandonadas en cuarteles. Así el servicio se sostuvo en 70
unidades de emergencia Spartan y 20 ambulancias. Tampoco se realizó el saneamiento físico-legal de los inmuebles que ocupaban las compañías.

Lo más grave fue que se perdió todo el respeto por la dignidad de la institución. Así, se ha podido ver a bomberos recorriendo uniformados las calles y plazas vendiendo rifas, para ayudar económicamente a sus unidades. Además, bajo la gestión del abogado Luis Antonio
Ponce La Jara como intendente, la Contraloría General de la República ventiló denuncias e compra irregulares, como la de camiones cisternas usados para regar parque que se adquirieron como “vehículos de emergencia”, pese a no satisfacer la norma internacional
NFPA. El intendente Ponce La Jara también se resistió a cumplir la resolución judicial que le ordenaba degradar a 30 oficiales que fueron ascendidos irregularmente.En el colmo, el círculo que rodea a Ponce La Jara ha acumulado hasta acusaciones de delitos sexuales.
¡ALO, CONTRALORÍA!
La evaluación realizada por la Contraloría General de la República a la gestión 2021 de Ponce La Jara ha detectado irregularidades. Las mismas que también han sido verificadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso. La Contraloríatambién ha observado sobre el incumplimiento de los requisitos profesionales de varios funcionarios de la Intendencia, nombrado por criterios de amistad y no de méritos.
A pesar de todo esto, la libre disponibilidad de los recursos de la institución, ha permitido a la cúpula sostenerse en el poder y amortiguar escándalos. Ahora su gran objetivo es designar en reemplazo de Ponce La Jara que no investigue las gestiones anteriores, para lo cual está realizando un activo lobby ante el ministro del Interior quien tiene que decidir el nombre del sucesor. Por ello, hoy los locales de las unidades están que arden pues los bomberos de base se sienten defraudados por las autoridades del gobierno central que, en lugar de moralizar y reestructurar a la Intendencia, lo único que tratan es de sacar provecho de ella.

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