Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por haber ejecutado un autogolpe de Estado, el 7 de diciembre del 2022, a horas de que el Congreso de la República lo someta a un tercer proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción en su gobierno.
En un primer momento se dijo que Castillo Terrones estuvo bajo los efectos de una droga al momento de leer su mensaje a la Nación que fue transmitido a nivel nacional. Sin embargo, ahora se ha deslizado una nueva tesis para justificar haber querido quebrar el orden constitucional.
Eduardo Pachas, uno de los abogados del expresidente, señaló que su patrocinado se vio obligado a dar su discurso porque estaba “amenazado de muerte”.
“Ese día, por escrito y en persona, el presidente Castillo ha detallado punto por punto, en más de 60 páginas, lo que pasó el 7 de diciembre. Dijo que se vio obligado a leer el discurso, fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte hacia su persona”, apuntó en conferencia de prensa.
Los abogados del expresidente Pedro Castillo dieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que la vacancia por incapacidad moral que aprobó el Congreso el 7 de diciembre es, según ellos, ilegal. El abogado del exmandatario, Walter Ayala, aseguró que la vacancia no siguió el procedimiento regular dado que no se votó la moción presentada por el congresista Edward Málaga, sino una resolución legislativa.
“Por eso es que decimos que el presidente Castillo sigue siendo presidente de la República, porque no existió un proceso formal de vacancia”, insistió sobre un tema que el propio Congreso, el Tribunal Constitucional, destacados constitucionalistas y hasta la propia OEA, reconocieron como un golpe lo que hizo Castillo y, por ende, que la sucesión era constitucional.
En otro momento, su asesor legal, Guillermo Olivera, enfatizó que al exmandatario no se le detuvo en flagrancia ni con una orden judicial y, en consecuencia, dijo, su detención es ilegal e inconstitucional.
