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Carlos Rivera, abogado de IDL, aseguró que Dina Boluarte negó violación a derechos humanos como “acto de defensa”

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Carlos Rivera, abogado de IDL, aseguró que Dina Boluarte negó violación a derechos humanos como “acto de defensa”

El Estado peruano tiene una denuncia internacional de parte de la CIDH por violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones sociales durante el régimen de Dina Boluarte. Desde que iniciaron las primeras acusaciones de uso excesivo de la fuerza letal, la presidenta lo negó. Hoy, cinco meses después, el discurso continúa siendo el mismo.

“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre”, respondió Dina Boluarte a las acusaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se revelan los presuntos casos de violación a derechos humanos durante su gobierno. Existe material audiovisual, testimonial y documental que indicaría que las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes. Sin embargo, la jefa de Estado lo negó en su momento y, hasta la fecha, lo continúa negando.

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No es información nueva. Amnistía Internacional, New York Times y Human Rights Watch luego de su visita a Perú hicieron la misma afirmación: durante las movilizaciones sociales en contra de la crisis política y el gobierno de Dina Boluarte se violaron derechos humanos. En el reciente informe difundido por la CIDH denominado “Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales” detalla que uno de los factores que explican el origen de este conflicto es la discriminación social.

El documento también detalla que en Ayacucho, una de las regiones con mayor número de muertos en menos de 24 horas, se comertieron ejecuciones extrajudiciales y que podría tratarse de una “masacre”. “Es un término que se suele utilizar en el derecho internacional y se da cuenta de la extrema gravedad de las circunstancias en las que se han cometido los crímenes”, explicó a Infobae el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“En el caso de Perú se ha utilizado este término no para agracar falsamente los hechos, sino para dar cuenta de que algo ha ocurrido que ahora es responsabilidad, como lo dice la propia Constitución, de los órganos del Sistema de Justicia. Principalmente, del Ministerio Público y el desarrollo de sus investigaciones célebres, objetivas y concretas que respondan a una dinámica de respeto de los derechos de las personas”, agregó.

Una postura “esperable”

Desde diciembre que iniciaron las movilizaciones sociales, la presidenta Dina Boluarte enfatizó que estaba en contra de los actos de violencia registrados en estos escenarios. Mientras por un lado se veía a la jefa de Estado continuaba negando que este uso excesivo de la fuerza viniera de los agentes del Estado, en los medios de comunicación se difundían las denuncias de la represión policial y militar en contra de los manifestantes.

Hoy, con más de tres organizaciones internacionales que aseguran que en Perú se vulneró los derechos humanos durante su gestión, Boluarte mantiene el discurso de negación de estos lamentables hechos. Luego de la publicación del informe de la CIDH donde enfatizan la preocupación por estas denuncias, la mandataria volvió a negar las acusaciones en contra de su gobierno.

“De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, afirmó la presidenta de la República junto a sus ministros de Estado.