María Cordero, Heidy Juárez, Magaly Ruiz y otras congresistas acusadas de apoderarse del sueldo de sus trabajadores
Vergüenza nacional. En las últimas semanas, diversas congresistas de la República vienen siendo denunciadas por recortar el sueldo de sus trabajadores. El último caso se dio con la fujimorista María Cordero Jon Tay, quien se quedaba con el 75% del salario para el pago de diversas actividades como los medicamentos que mejoren la salud del expresidente Alberto Fujimori y deudas pendientes.
“¡No, vamos al cajero! Es que yo no sé tus pagos, o sea, no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Braden también te lo ha dicho”, manifiesta la integrante de la bancada de Fuerza Popular. Además, su excolaborador no había aceptado que se continúe con la reducción de su pago, por lo que pocas veces le contestaba a la parlamentaria, por lo que esta se enojaba y le alzaba la voz en varias oportunidades por no realizar el depósito a tiempo.
“Me dijo que yo tenía que pagarle la mitad de todos los ingresos, del 50% de todo lo que ganaba. El sueldo del asesor era casi S/9.000, entonces tenía que pagarle S/4.500 a S/5.000 de manera mensual, solamente por un lapsus de seis meses. A partir del sexto mes ya no debería pagar nada”, menciona.
La congresista Heidy Juárez (Podemos) fue acusada de recortar los sueldos a sus trabajadores mediante su asesor Miguel Chafloque. Los trabajadores de su oficina señalaron que entregaban cantidades de S/200, S/300 y hasta S/1000 del dinero de sus sueldos.
“Chicos, ¿ya está?, ¿cómo vamos?, ¿ya están los aportes? Pasando por caja, ah, decía Chafloque. Eso era de todos los meses, cada vez que nos pagaban”, contó uno de los exempleados de Juárez al semanario. Sin embargo, un nuevo cuestionamiento se supo ayer.
el programa Punto Final informó que la integrante de la bancada Podemos Perú habría retenido parte de la remuneración de uno de sus empleados para pagar el salario de su primo hermano.
Esta situación habría ocurrido cuando Juárez contrató a su familiar Alexis Juárez Almester para que administre sus redes sociales. Sin embargo, el asunto pasaba de dónde la parlamentaria iba a sacar el dinero para que le puedan pagar. Es así que no tuvo mejor idea que buscar quitarle una parte de su sueldo a su colaborador Eduardo Saucedo Castañeda.
Magaly Ruiz
La legisladora Magaly Ruiz fue acusada de haber recortado el sueldo a sus trabajadores por intermedio de uno de sus asesores de confianza, según Punto Final.
Carlos Marina Puscan denunció que Jhonny Romero Nima les pedía el aporte con la finalidad de ayudar a las personas más vulnerables. No obstante, luego se habría dado cuenta de que esta suma de dinero llegarían a manos de la parlamentaria.
Ruiz lo negó y decidió despedir a su asesor, pero la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar. Por su parte, APP decidió retirarla de la Comisión de Ética y la legisladora pidió licencia en su partido.
Rosío Torres
La parlamentaria Rosío Torres también se vio involucrada en estas aportaciones que eran transferidas a su sobrino.
Al menos cinco extrabajadores y trabajadores lo realizaban, aunque algunos dicen no saber el motivo y prefieren que la consulta sea directa para Juan Daniel Pérez Guerra. Ante el interrogatorio a la parlamentaria, ella desconoció los hechos sin imaginar que estaba siendo grabada de otros ángulos.
Rosío Torres ingresó un poco nerviosa al hemiciclo y en su equipo móvil digitó el nombre de su sobrino. Inmediatamente, borró todo tipo de conversación y revelaba que tenía a un “enemigo” dentro de su equipo. Al final, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de concusión y la Comisión de Ética abriría una indagación de oficio este lunes.
Katy Ugarte, quien renunció a la bancada del Bloque Magisterial hace una semanas y era una conocida aliada del expresidente Pedro Castillo, también recortaba el sueldo a su trabajador.
Según el programa Cuarto Poder, empleados del despacho de Ugarte destinaban una parte de sus salarios para armar bolsas de dinero que llegaban a los S/ 2 000. Esto se hacía realidad, mediante depósitos y en efectivo, de manera obligatoria. Toda la operación se hacía para distribuirlo a los medios de comunicación de Cusco, donde iban favorecer la imagen de la congresista.
Una prueba clara es el chat de WhatsApp, donde dos empleados de la también exministra de la Mujer hablan y muestran su incomodidad por esta situación.
“S/300 es el monto que venimos dando los técnicos. Porque Melisa, Wilber y Yuri creo que daban S/200 cada uno. Y los asesores 1 y 2, S/400. Hacen una bolsa de S/2.000. De haberlo sabido no aceptaba trabajar, y no porque sea tacaña, sino que me parece injusto trabajar, producir, soportar, encima salir tarde para que nos tengan que pedir siquiera S/1. Cuando la congresista tiene un fondo por función de representación”, señala una de las integrantes de la conversación.
En todos los casos relatados, la Fiscalía de la Nación abrió investigaciones por el presunto delito de concusión. Además, la Comisión de Ética del Congreso también les abrieron procesos que podría tener como sanción final la suspensión.
La presidenta de la Corte de Lima Este, Rose Mary Parra, señaló que que el Estado cuenta con políticas anti soborno para proteger a trabajadores que desean denunciar este tipo de hechos que podrían tener una condena entre dos y ocho años de prisión efectiva. “La Ley no hace una precisión de que la pena se agrava si el que comete el delito de concusión es un alto o mediano funcionario”, destacó la magistrada.
