Presidenta de la Corte de Lima Este, Rose Mary Parra, dio detalles.
Los funcionarios públicos o servidores del Estado que abusando de su cargo o de su posición de dominio o de mayor jerarquía solicitan para sí o para otra persona unos beneficios económicos a un trabajador estarían cometiendo el delito de concusión y podría ser sancionados con penas de dos a ocho años de prisión.
Así lo advirtió la presidenta de la Corte Superior de Lima Este, Rose Mary Parra Rivera, quien agregó que este delito no hace distingos del nivel de jerarquía de funcionario público.
“La Ley no hace una precisión de que la pena se agrava si el que comete el delito de concusión es un alto o mediano funcionario”, afirmó la jueza superior.
Asimismo, Parra Rivera reveló que el Estado cuenta con una serie de medidas para proteger a los trabajadores que por temor a una futura represalia o despido no denuncian este tipo de hechos.
“Las entidades del Estado cuentan con políticas antisobornos o políticas anticorrupción para que el trabajador pueda presentar sus denuncias anónimas o encubiertas para que, así, a los funcionarios se les inicie los procesos correspondientes”, explicó.
Implementación y endurecimiento de sanciones
En el caso de la Corte de Lima Este, la cual preside, reveló que en sus políticas antisoborno se ha implementado un subsistema donde las denuncias son anónimas.
Por otro lado, la magistrada reveló que desde el 30 de enero de este año se han endurecido las sanciones, la cual acarrea responsabilidades penales contra los funcionarios del área de Recursos Humanos que contratan a personal que no cumplen con el perfil solicitado.
El jefe del área puede solicitar o pedir el contrato de un trabajador, pero si este no cumple con el perfil establecido quien debe velar por que no se ejecute la contratación es el funcionario o el gerente del área de recursos humanos, en caso contrario, la sanción estará dirigida directamente a ellos”, explicó.
