Fiscalía acusa de “organización criminal” a 2 personas que no se conocen entre sí

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    Sin pruebas, el fiscal Arturo Mosquera insistió en pedir 36 meses de prisión preventiva contra Yaneth Navarro y Cirilo Jara. El PJ dio inicio al proceso “al caballazo” y dio 11 horas para que la defensa estudie más de 1500 folios.

    El despacho de la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dio inicio a la evaluación del requerimiento de 36 meses de prisión preventiva planteado por el fiscal Arturo Mosquera en contra de los ciudadanos Yaneth Navarro y Cirilo Jara, a quienes les imputa los presuntos delitos de disturbios y organización criminal.

    En diálogo con Diario UNO, el abogado de Cirilo Jara Mamani, Juan José Quispe, cuestionó que el Poder Judicial le haya notificado el miércoles a las 11:00 p.m. la convocatoria para la audiencia realizada el jueves a las 10 a.m., con los más de 1500 folios que debía estudiar en menos de 11 horas.

    Según indicó, la magistrada Salcedo Guevara se negó a aplazar la audiencia, así como también rechazó el pedido de que el imputado Jara Mamani pudiera contar con un intérprete en quechua, su lengua materna.

    Quispe alegó que el Poder Judicial ha vulnerado lo dispuesto por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que señala que el abogado debe tener un plazo razonable para elaborar su defensa.

    En cuanto a los argumentos de la Fiscalía, advirtió que estos son “un escándalo”, en tanto se imputa a Jara Mamani el delito de disturbios a partir de testimonios contradictorios de efectivos policiales.

    “Las actas nunca se realizaron en el lugar de los hechos. Todo se hizo en seguridad del estado, y lo más grave es que hay contradicciones entre los testimonios de los policías que lo acusan. No lo describen por contextura, ropa ni otros elementos, luego presentan a un policía que dice ser agredido por una persona de 1.80 m pero Cirilo mide 1.55 m. Luego, otro policía dice ser agredido con un golpe en la nariz, pero su certificado médico legal dice lesiones en el cuerpo y no en la cabeza. Sin embargo, cuando va al hospital de la policía, se consignan lesiones en la cabeza y no en el cuerpo. Esto sería evidencia de que se estarían falsificando pruebas, y además son acusaciones que debieron constar en el acta de intervención y ahí no figuran”, dijo.

    IMPUTACIÓN ABSURDA

    Asimismo, criticó que el fiscal acuse la existencia de una presunta organización criminal pero no haya podido probar que los imputados se conocen entre sí. “El fiscal admitió que no ha podido encontrar la relación entre ellos porque no hay chats ni llamadas telefónicas entre ellos… dice que durante la investigación preparatoria, con los 36 meses de detención, va a demostrar la existencia de la organización criminal. Es decir, primero ponen a la persona presa y después presentan los supuestos indicios del delito”

    “Hay una presunta organización criminal integrada por dos personas que no se conocen entre sí. Tampoco establecen una permanencia, temporalidad, roles, funciones o nombre de la organización criminal. En otras palabras, el fiscal no tiene pruebas, pero pide 36 meses de prisión antes de presentar cualquier evidencia posterior. Y además pretende criminalizar el hecho de que el inculpado guarde silencio, haciendo que se interprete como un indicio de culpabilidad o falta de colaboración con la justicia, a pesar de que mi cliente ha dado su consentimiento para que se revise su celular, entre otras facilidades”

    También advirtió que el fiscal Mosquera ha pretendido acumular contra Jara Mamani una acusación que ya viene siendo procesada en Cusco, lo que sería una doble persecución penal.

    “La Fiscalía debe ser la policía de la legalidad, y el poder judicial debe ser lo más imparcial posible. Si no es así, tendríamos un Poder Judicial y una Fiscalía instrumentalizada que buscarían condenar a pesar de las incoherencias. Esto demostraría que la justicia en Perú ya no existe y tendríamos que recurrir a instancias internacionales. Con todos estos indicios, se vulneran los derechos tanto de los imputados como de los abogados”, dijo.