Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general de la FTCCP
Con más de 60 muertos y casi dos mil heridos en protesta, cuesta creer que aún existen defensores de la dictadura cívico-militar-empresarial de Dina Boluarte y Alberto Otárola.
Como bien lo señalara el periodista César Hildebrandt, Boluarte no quiere renunciar porque sabe que irá a la cárcel. Sin embargo, acusada por crímenes de lesa humanidad, lo único que hace es retrasar su destino y el de los suyos en esta aventura sangrienta.
Las pruebas de estos crímenes se encuentran en los cuerpos de los asesinados y heridos, que incluyen niños, personal médico que atendía heridos y transeúntes.
Al respecto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó esta semana el informe “50 días de represión en Perú. Vulneraciones de Derechos Humanos durante movilizaciones”, donde registra el uso de fusiles AKM (PNP) y GALIL (ejército) contra el pueblo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violación sexual múltiple en dependencias policiales, sembrado de pruebas, acusaciones de terrorismo sin sustento, y, sobre todo, constatación de que no son hechos aislados, sino que estamos ante una política de Estado con un marco legal ad hoc, por lo que no solo hay responsabilidad política, sino también penal.
En este contexto, fiel a su legado, construcción civil y todas las bases de la CGTP han acordado la movilización permanente junto al pueblo contra la dictadura hasta la recuperación de la democracia.
El 9 de febrero, los trabajadores nos autoconvocamos a una nueva movilización que demandará la renuncia de Boluarte y Otárola, la recomposición de la Mesa Directiva del Congreso y un llamado a elecciones generales en 2023 con referéndum para una Asamblea Constituyente.
El gobierno se derrumba, pero es sostenido un tiempo más por la derecha para asegurarse los contratos mineros y de hidrocarburos, entre otros. Boluarte solo está prolongando su agonía.
