EL ESTADO PERUANO DEBERÁ PAGAR más de 70 millones de dólares a la empresa minera Lupaka Gold luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas dejará vencer el plazo legal para impugnar el laudo arbitral emitido por el CIADI, organismo adscrito al Banco Mundial
De acuerdo con información difundida públicamente, el plazo para solicitar la anulación del laudo venció el 28 de octubre de 2025, fecha en la que Denisse Miralles ya ejercía funciones como ministra de Economía. Pese a ello, el Estado no presentó ningún recurso,
quedando firme una condena millonaria que pudo ser, al menos, revisada en sede internacional.
UN PLAZO QUE
SE DEJÓ VENCER
El procedimiento ante el CIADI establece claramente plazos perentorios para solicitar la anulación de un laudo arbitral cuando existen cuestionamientos de fondo o forma. Sin embargo el MEF no actuó, no coordinó una estrategia legal efectiva ni explicó al país por qué renunció de facto a defender los intereses del Estado peruano.
Esta omisión resulta aún más grave si se considera que la impugnación no implicaba desconocer el fallo, sino ejercer un derecho procesal básico para intentar reducir, anular o revisar elmonto de la indemnización.
US$ 70 MILLONES QUE
PAGARÁ EL PAÍS
Como consecuencia directa de esta negligencia, el Perú deberá asumir una obligación superior a los US$ 70 millones, recursos que saldrán del erario nacional y que podrían ha berse destinado a salud, educación, seguridad oinfraestructura, en un contexto de crisis económica y fiscal. Especialistas advierten que no impugnar un laudo de esta magnitud constituye una grave falla de gestión, más aún cuando la responsabilidad recae en el sector que tiene a su cargo la defensa patrimonial del Estado.
RESPONSABILIDAD
POLÍTICA EN CUESTIÓN
Hasta el momento, la ministra Denisse Miralles no ha ofrecido una explicación clara y pública sobre por qué el plazo fue dejado vencer, ni quiénes fueron los responsables
directos dentro del MEF de esta decisión —o indecisión— que hoy le cuesta millones al país.
Desde diversos sectores se exige que se determinen responsabilidades políticas y administrativas, ya que el silencio del Ministerio de Economía no solo debilita la posición del
Perú en arbitrajes internacionales, sino que sienta un peligroso precedente de desidia en la defensa del interés nacional.
