Gobierno abre la puerta al desabastecimiento de combustibles y a una inminente alza de precios que golpeará a transporte, canasta básica y economía familiar.
Trabajadores denuncian maniobra legal, exigen intervención de Contraloría y Fiscalía y advierten responsabilidades políticas, constitucionales y penales.
- UN DECRETO DE
URGENCIA QUE PRENDE
LAS ALARMAS
El Gobierno de transición del presidente José Jerí Oré, ha decidido jugar una carta privatizadora peligrosa a través de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF)
y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que impulsan un Decreto de Urgencia que, bajo el rótulo: “Decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en
materia económica y financiera y dispone la reorganización patrimonial de Petroperú S.A.”, coloca a la empresa estatal petrolera en la ruta directa hacia la privatización.
Lejos de tratarse de una medida técnica de emergencia, el propio texto del proyecto del Decreto de Urgencia revela que PETROPERÚ sería incorporado al régimen de promoción de la inversión privada, transfiriendo activos estratégicos que incluyen la
Nueva Refinería de Talara al control de PROINVERSIÓN, entidad que históricamente ha conducido los procesos de privatización en el país, y que en tiempos de la dictadura de
Alberto Fujimori Fujimori tuvo como antecesor a la COPRI (Comisión de Promoción de
la Inversión Privada). - LOS MINISTROS DEL MEF
Y MINEM Y EL PRETEXTO
PARA ACELERAR
EL PROCESO: “NO
TENEMOS INFORMACIÓN
TRANSPARENTE DEL
DIRECTORIO”
La ministra de Economía, Denisse Miralles, en diversos medios de comunicación ha sostenido irresponsablemente que, el Estado no cuenta con “información real” de la
empresa y que Petroperú ha significado un alto costo fiscal. Sin embargo, esta afirmación tiene una contradicción grave: el MEF y el MINEM son los principales accionistas y responsables directos de la conducción de la empresa, por tanto, los informes de gestión técnicos trimestrales y anuales son de su entero conocimiento. Al respecto el expresidente del directorio, Alejandro Narváez Liceras señaló en una entrevista: “Las afirmaciones de la ministra Miralles carecen de fundamento técnico y demuestran desconocimiento de los procesos regulatorios a los que está sometida la empresa.” Además añadió: “Es mentira que no se alcance información trimestralmente; por imperativo legal, se envía a la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) los estados financieros completos”. Al respecto, si los ministros del MEF y MINEM pretextan desorden, opacidad o mala gestión, se debe indicar que la responsabilidad política recae directamente sobre ellos, porque han sido los responsables de la alta rotación de los presidentes y miembros del Directorio con sus decisiones erráticas y ausencia de una conducción estable. En lugar de corregir esta falla que atenta contrla gobernanza de la empresa, el Gobierno de Transición al mando del presidente de la República opta por sacar los activos del control estatal y entregarlos a un esquema privatizador vía Decreto de Urgencia.
DESABASTECIMIENTO
Y PRECIOS AL ALZA: EL
COSTO QUE PAGARÁ
LA POBLACIÓN A NIVEL
NACIONAL
Mientras el Ejecutivo, diseña “acelerada y políticamente” una reorganización legal que tomará meses, la crisis operativa y de abastecimiento de combustibles a Petroperú es inminente y podría tener sudesenlace antes de fin de año. Según nuestras fuentes los proveedores de crudo yde gas licuado de petróleo, habrían notificado a la ministra de Economía y Finanzas, así como al de Energía y Minas, que el abastecimiento de esos insumos de hidrocarburos para Petroperú solo se darían hasta el 27 y 30 de diciembre, respectivamente, la decisión estaría encaminada a realizar cortes abruptos como consecuencia de la falta de pagos por parte de la empresa. Situación crítica que se ve profundizada como consecuencia del “pánico financiero” y afectación a la imagen de Petroperú generadas por la propia ministra Denisse Miralles propagadas en su circuito mediático realizado estos últimos días, anunciando “sospechosamente” que el gobierno ya no daría auxilio financiero ni de otra índole a la empresa petrolera, añadiendo que eso justificaría la emisión de un Decreto de Dirigente Rafael Noblecilla. está sometida la empresa.” Además añadió: “Es mentira que no se alcance información trimestralmente; por imperativo legal, se envía a la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) los estados financieros completos”. Al respecto, si los ministros del MEF y MINEM pretextan desorden, opacidad o mala gestión, se debe indicar que la responsabilidad política recae directamente sobre ellos, porque han sido los responsables de la alta rotación de los presidentes y miembros del Directorio con sus decisiones erráticas y ausencia de una conducción estable. En lugar de corregir esta falla que atenta contra la gobernanza de la empresa, el Gobierno de Transición al mando del presidente de la República opta por sacar los activos del control estatal y entregarlos a un esquema privatizador vía Decreto de antes de fin de año. El resultado es claro y la población a nivel nacional tendría que asumir las consecuencias: menos producción nacional, más importaciones de combustibles, mayor exposición al dólar y a la volatilidad internacional. En ese escenario, los precios de los combustibles solo pueden subir. Este golpe de irresponsabilidad desde el Ejecutivo estaría articulado con grupos de poder mercantilistas que operan para la privatización de Petroperú no será abstracto, sino que, afectará al transporte, a la canasta básica, a la industria y al bolsillo de millones de peruanos.
DECRETO DE URGENCIA
PRIVATIZADOR
El proyecto del Decreto de Urgencia al cual diario UNO ha tenido acceso tiene por título: “Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica
y financiera y dispone la reorganización patrimonial de Petroperú S.A.” y en su artículo Articulo 3, Autorización y reorganización patrimonial de PETROPERÚ S.A. numeral 3.1
indica expresamente: “Autorizar, de manera excepcional y por razones de necesidad pública, la reorganización patrimonial de los activos de PETROPERÚ S.A.
en las formas a las que se refiere el presente Decreto de Urgencia, en uno o más bloques patrimoniales, los cuales incluyen a los activos tangibles e intangibles, licencias, permisos y contratos. Estos bloques patrimoniales pueden incluir a la Nueva Refinería de Talara. La presente disposición es enunciativa y no limitativa”. Es decir, que el Ejecutivo
direccionado por los ministros del MEF y MINEM, pretenden “descuartizar” a Petroperú por medio de “bloques patrimoniales” para generar las condiciones, según el citado articulado, para priorizar la “independización” de la NuevaRefinería de Talara y generar las condiciones para su enajenación o venta. Asimismo el Artículo 4 que refiere al Encargo Integral a PROINVERSIÓN en su numeral 4.1, indica taxativamente: “Para efectos de la reorganización patrimonial de PETROPERÚ S.A., entiéndase incorporada a la citada empresa en el proceso de promoción de la inversión privada, al que se refiere el
Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado. Para efectos de la modalidad de promoción aplicable a la empresa o a sus bloques patrimoniales, PROINVERSIÓN puede optar por cualquiera de las modalidades establecidas en el referido decreto legislativo.
La modalidad o modalidades de promoción y el respectivo Plan de Promoción de la inversión privada son aprobados por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN o quien haga sus veces. Dicho Plan de Promoción, elaborado por el Comité Especial y que incluye la modalidad de promoción, es aprobado en un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios contados desde la publicación de la presente norma.” Queda claro que incorporado Petroperú en el proceso de promoción de la inversión privada, según establece el Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado, mencionado en la citada propuesta de Decreto de Urgencia, la empresa estatal petrolera en su conjunto, quedaría expedita para que los mercantilistas y privatizadores puedan tener la posibilidad de tomar por asalto a la única empresa estratégica nacional que procesa hidrocarburos y que, además, cumple un rol subsidiario como el de proveer combustibles a las Fuerzas Armadas, atender la demanda de las poblaciones
alejadas de la amazonía y de aquellos lugares donde las empresas privadas nunca llegarán porque no es rentable para sus negocios. Es importante señalar que, la Constitución del Estado permite los Decretos de Urgencia solo en casos excepcionales. Fragmentar
la principal empresa energética del país, transferirla a ProInversión y abrirla a la privatización encubierta no cumple ese estándar. Por ello, la actuación de Denisse Miralles y Luis Bravo no solo tendrían consecuencias económicas, sino que existiría responsabilidades
políticas, constitucionales e incluso penales, al adoptar decisiones que ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética nacional y la afectación directa a la población.
SINDICATOS Y
REPRESENTANTE DE
LOS TRABAJADORES
EN EL DIRECTORIO
DE PETROPERÚ SE
PRONUNCIAN
El coordinador general de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperu
(CNP) declaró: “Lo que está pasando con la gestión de la empresa petrolera de todos los peruanos es grave porque la ministra de Economía y el ministro de Energía y Minas se estarían dejando ‘seducir’ por sectores privatizadores que estarían forzando el escenario
normativo para generar esas condiciones atentand contra el Perú, porque no están midiendo las graves consecuencias para la economía nacional en relación al riesgo de desabastecimiento y de la subida de precios de los combustibles por las condiciones que los ministros Denisse Miralles Miralles y Luis Bravo de la Cruz, están generando”.
Esta semana en la Nueva Refinería de Talara, en la base del Oleoducto Norperuano, Refinerías de Selva y Conchán, así como en la Sede Central en San Isidro,
los trabajadores realizaron plantones de protesta manifestando su posición ante las nefastas gestiones de lo ministros del MEF y MINEM que serían los principales promotores del caos para afectar la gobernanza de la empresa estatal petrolera. Las protestas también se trasladaron al ministerio de Economía y Finanzas en el centro de Lima.
En ese mismo sentido, Luis Camino Quinde, director suplente representante de los
trabajadores en el directorio de Petroperú indicó: “Estamos
frente a un escenario que tendrían connotaciones de corrupción que espero no esté participando el presidente de la República, José Jerí Oré, situación que urge detener detener porque habrían implicancias constitucionales y penales. Por eso, demando a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público que intervengan en función al
mandato de su Ley Orgánica porque es fundamental proteger al país de las nefastas acciones de los operadores de la provatización de Petroperú que estarían propiciando el inminente riesgo de desabastecimiento de combustibles a nivel nacional que podría
darse antes de fin de año, y mque solo, beneficiaría a grupos de poder ligados al mercadode hidrocarburos y combustibles. No podemos permitir que sectores mercantilistas quepululan el escenario del poder atenten contra la seguridad y soberanía energética del Perú y pretendan apropiarse de Petroperú como en tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori como en el caso de la Refinería de Ventanilla”.
Finalmente, es imperioso y urgente que la Contraloría General de la República y la
Fiscalía de la Nación actuen de oficio conforme establece la Carta Magna y su Ley Orgánica. Asimismo, es fundamental que los congresistas de la República que velan por
el interés nacional cumplan con su rol fiscalizador, de igual manera, que la Defensoría del Pueblo intervenga ante la inminente crisis energética que afectará los derechos constitucionales de la población,¿ circunstancia que habría sido premeditada desde los ministerios de Economía y Finanzas, así como de Energía y Minas.
