La suspendida congresista apeló la decisión que autoriza investigar sus cuentas por presunto recorte de sueldo a trabajador
La Corte Suprema aceptó revisar la autorización judicial que levantó el secreto bancario de María Cordero, suspendida legisladora investigada por concusión. La fiscalía la acusa de haber exigido a un trabajador de su despacho entregar el 50% de su salario entre marzo y agosto de 2022. El tribunal supremo evaluará si el Ministerio Público cumplió los requisitos procesales para solicitar esta medida.
El recurso de apelación fue admitido
La Sala Penal Permanente declaró «bien concedido» el recurso presentado por la defensa de Cordero. Este busca revocar la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitida el 11 de junio, que autorizó levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de la congresista. La medida abarca el período del 7 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2023.
El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín determinó que el recurso cumple los presupuestos del Código Procesal Penal. En los próximos días se fijará fecha para la audiencia donde se debatirá la apelación.
La defensa cuestiona el proceso
Los abogados de Cordero exigen anular las resoluciones cuestionadas y realizar una nueva audiencia. Argumentan que el Ministerio Público no presentó una imputación concreta e individualizada contra su defendida. Según la defensa, esta falla vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa de Cordero.
La defensa también sostiene que se introdujeron elementos de convicción sin haberlos actuado como medios de prueba. Además, cuestionan la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria.
La investigación y suspensión parlamentaria
La fiscalía investiga a Cordero por concusión en agravio del Estado. El caso se centra en el presunto recorte del 50% del salario de un trabajador de su despacho congresal durante seis meses en 2022.
El 14 de marzo de 2024, el pleno del Congreso aprobó suspender a Cordero de su cargo y levantar su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el parlamento rechazó inhabilitarla por 10 años para ejercer funciones públicas. La congresista ahora enfrenta el proceso penal sin el blindaje de la inmunidad.
