El organismo electoral descarta cambios en el cronograma comicial ante eventuales protestas y defiende su autonomía tras medida cautelar del TC. Willy Ramírez advierte que el presupuesto asignado representa solo la mitad de lo requerido para organizar comicios transparentes.
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán según lo programado sin importar posibles movilizaciones sociales, asegura Willy Ramírez Chávarry, miembro del Pleno III del Jurado Nacional de Elecciones. El proceso ya fue convocado mediante Decreto Supremo y el cronograma se cumple con apego estricto a la Ley Orgánica de Elecciones. Sin embargo, el organismo enfrenta un recorte crítico: solo recibió el 50% del presupuesto solicitado para garantizar comicios confiables.
Cronograma blindado y firmas falsas bajo investigación
Ramírez descarta cualquier riesgo de modificación del calendario comicial. «Las Elecciones Generales 2026 ya fueron formalmente convocadas mediante Decreto Supremo N.° 039-2025-PCM», señala. El funcionario recuerda que todas las autoridades tienen el deber constitucional de cumplir las normas electorales. La ciudadanía debe canalizar sus demandas a través del voto en la fecha prevista por ley.
Sobre las firmas falsas en inscripción de partidos, el RENIEC verifica obligatoriamente los padrones de afiliados. Cuando se detectan firmas presuntamente falsas, el JNE deriva la información al Ministerio Público. «Se ha detectado en uno o dos casos un número reducido de firmas con indicios de falsificación», explica Ramírez. La justicia ordinaria determinará las responsabilidades individuales.
Presupuesto insuficiente amenaza transparencia electoral
El JNE desarrolla campañas educativas y culminó recientemente un curso de formación electoral para abogados con más de 120 participantes. Sin embargo, Ramírez hace un llamado urgente sobre el presupuesto. «No resulta razonable que al máximo órgano de justicia electoral se le haya asignado solo el 50% del presupuesto requerido para el proceso electoral general», advierte.
El funcionario valora la medida cautelar del Tribunal Constitucional que suspende acciones contra el calendario electoral. «Esta medida reafirma la supremacía de la Constitución y la autonomía del sistema electoral peruano», sostiene. La decisión del TC defiende los artículos 142 y 181 de la Constitución, que establecen al JNE como máxima autoridad en materia de justicia electoral con resoluciones inimpugnables en sede judicial.
