En la sede del Congreso de la República se llevó a cabo la cuarta sesión de la Comisión Especial de Alto Nivel encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma del sistema de administración de justicia en el Perú.
En esta ocasión, el grupo de trabajo que preside la congresista María del Carmen Alva Prieto recibió la visita del titular del Fuero Militar Policial (FMP), Mayor General FAP (r) Arturo Giles Ferrer, así como de representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional del Perú.
El Fuero Militar Policial participó por primera vez en una comisión de esta naturaleza, reafirmando su carácter de jurisdicción especializada, vinculada tanto al sistema de justicia como al sistema de defensa y seguridad nacional, conforme lo establecen los artículos 139, inciso 1, y 173 de la Constitución.
Como órgano jurisdiccional autónomo, el Fuero Militar Policial tiene competencia para administrar justicia penal militar policial en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, investigando y sancionando a militares y policías en situación de actividad por delitos de función, tipificados en el Código Penal Militar Policial.
Su modelo actual constituye un referente de autonomía y profesionalización del derecho penal militar, sus jueces y fiscales en todas sus instancias son miembros del Cuerpo Jurídico Militar Policial que aplican el nuevo modelo procesal penal con todas las garantías del Debido Proceso. Este avance lo convierte en un ejemplo de evolución jurídica en la región.
La presencia del Fuero Militar Policial en este espacio de análisis y reforma resalta su misión de cautelar la justicia, la disciplina, la jerarquía y la operatividad eficaz de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Durante su intervención, el presidente del FMP agradeció la invitación, a la que calificó como histórica, y compartió un diagnóstico de la situación actual y de los principales desafíos que enfrenta esta jurisdicción especializada.
Con relación a que el Fuero Militar Policial se integre al sistema de justicia, el Mayor General Giles Ferrer señaló que sería importante hacerlo, pese a que en la Ley N.° 30942 del 2019 que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, la jurisdicción militar policial no fue considerada dentro de esta estructura normativa, lo cual constituye una omisión histórica.
“A pesar de administrar justicia penal militar policial de manera autónoma y profesionalizada, enfrentamos limitaciones de recursos humanos, financieros y materiales. Sin embargo, estas dificultades no han disminuido nuestras capacidades ni nuestra operatividad”, subrayó.
El titular del Fuero Militar Policial reafirmó la voluntad de cooperación institucional, señalando que la finalidad de su participación no era únicamente exponer carencias, sino también presentar propuestas que contribuyan al fortalecimiento del sistema de justicia en su conjunto.
Con tono firme, Arturo Giles concluyó: “Las instituciones son como los barcos: no basta con que floten, deben tener rumbo, tripulación y destino.”
La intervención del Fuero Militar Policial en la Comisión Especial no sólo reivindica su rol legítimo dentro del sistema de justicia del Perú, sino que también reafirma su espíritu de colaboración y servicio a la ciudadanía. El compromiso es claro: contribuir activamente a la construcción de una justicia nacional independiente, integral, accesible, profesional y respetuosa del Estado Constitucional de Derecho.
Datos
El sistema de justicia, creado mediante la Ley N.° 30942, está conformado por las principales instituciones que, desde el ámbito jurisdiccional, fiscal y constitucional, administran justicia en el Perú. En este proceso, sus operadores deben interactuar, interoperar y generar acciones estratégicas con otras entidades nacionales, regionales y locales, con el propósito de aplicar las normas con eficiencia, independencia, accesibilidad y profesionalismo, garantizando siempre el respeto de los derechos de todos los peruanos.
La Comisión tiene como finalidad evaluar la situación actual del sistema de justicia en el país y formular propuestas para una reforma integral.