Minem afirma que evaluación de solicitudes sigue criterios legales estrictos, mientras tensión política y protestas marcan el proceso hacia diciembre.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) desmintió hoy cualquier retroceso en la formalización minera, tras excluir a más de 50,000 mineros informales del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Aclaró que las reconsideraciones presentadas por los excluidos—ejercicio de un derecho legal—no implican reincorporación automática. Cada caso se evaluará con rigurosidad, y solo se aceptarán aquellos con pruebas válidas. Esta postura llega mientras el gobierno prepara la segunda sesión de la Mesa de Trabajo para una nueva ley minera, en medio de presiones de informales y críticas al Congreso por intentos de flexibilizar estándares ambientales.
Minem cierra puertas a reintegros automáticos
El ministro Jorge Montero fue enfático: “El derecho a presentar un recurso no implica aceptación automática”. Los mineros excluidos tienen hasta el 21 de julio para solicitar reconsideración bajo la Ley Nº 27444, pero deberán demostrar “de manera fehaciente” que cumplieron los requisitos durante su proceso de formalización. Si las pruebas no son consistentes, los pedidos serán declarados “infundados”.
El viceministro de Minas, Ronald Ibarra, confirmó este marco legal, intentando despejar dudas sobre una posible cesión del gobierno. La estrategia busca evitar que la minería ilegal aproveche vacíos. Montero añadió que el Ejecutivo actuará como intermediario para facilitar contratos de explotación entre mineros y concesionarios, un paso crítico para la formalización.
Tensión política y ambiental en el Congreso
Mientras el Minem defiende su postura, el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), impulsa un predictamen de ley MAPE que genera alerta. La propuesta—calificada como “antitécnica y anticonstitucional” por expertos—crearía el Registro Nacional de la Pequeña Minería (Renapmat), reduciendo requisitos y permitiendo minería aluvial en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, actualmente prohibida.
Diana Gonzáles (Avanza País), vicepresidenta de la comisión, tachó de “error” insistir en este dictamen: “No cuenta con consenso político y genera falsas expectativas con fines electorales”. Fuerza Popular y APP también cuestionan la gestión de Gutiérrez, señalando que su cercanía con mineros informales obstaculiza una solución técnica. Incluso plantean que el Bloque Magisterial pierda la presidencia de la comisión.
Camino crítico hacia diciembre
El gobierno mantiene su hoja de ruta: 31,560 mineros tienen hasta el 31 de diciembre para completar su formalización. De ellos, 16,445 operan en concesiones de terceros, y solo el 30% en áreas de mediana y gran minería. El 70% restante trabaja en concesiones de pequeña minería o artesanal 1. Montero subrayó que el mayor desafío son los contratos de explotación: “Es el requisito más exigente […] sin lesionar el medio ambiente”.
Mañana, 18 de julio, se realizará la segunda sesión de la Mesa de Trabajo en Palacio de Gobierno. Asistirán representantes del Congreso, Poder Judicial, gremios mineros y la SNMPE, aunque el Ministerio Público no ha confirmado participación. El ministro Arana descartó conflictos institucionales: “Es un espacio técnico, no hay tensión”.
La voz de los excluidos
Miles de mineros informales, agrupados en gremios como Confemin, protestan en Lima y bloquean carreteras. Exigen ampliar el plazo de formalización y aprobar la ley MAPE. Máximo Franco, su líder, anunció una marcha al Minem: “Vamos a exigir que amplíen el proceso como se ha quedado”. Un comentario en redes resume su postura: “Dejen trabajar a los mineros. Su labor es la más dura y riesgosa”.
El gobierno insiste en que no cederá. El Minem reafirmó su compromiso con un proceso “transparente, técnico y legal”. Pero el reloj avanza hacia diciembre, y las presiones solo aumentan.
