Colegio pide S/700 casi un sueldo mínimo para brindar una educación de calidad: «Coerción y silencio: el desafío de estudiar en un colegio de la PNP”
Por: Cielo Aquije, Sofía García, Marcia Huapaya, Ruth La Rosa, Fernando Loarte, Xiomara Ordoñez
“Si no pagas los 700 soles, tu hijo no podrá estudiar”, fue la advertencia que recibieron decenas de padres al intentar matricular a sus hijos en el colegio público PNP “Juan Ingunza Valdivia”, ubicado en urbanización Vipol, Callao. La frase, repetida cada inicio de año escolar, confirma lo que en teoría no debería ocurrir: en este colegio del Estado la educación gratuita es solo una promesa escrita en la ley, no una realidad que se vive en las aulas.
A pocos meses del inicio del año escolar 2025, los padres de familia del colegio Juan Ingunza Valdivia enfrentan una difícil situación: se ven obligados a pagar una “cuota voluntaria” de hasta S/700. Esta exigencia económica, que por ley debería ser asumida por el Estado, pone en riesgo a muchos estudiantes de quedar fuera de la institución pública.
Esta investigación recoge los testimonios de padres de familia que evidencian cómo se ha instalado una privatización encubierta en una institución pública, mediante pensiones y decisiones administrativas que vulneran el derecho a la educación.
No se pudo obtener respuestas de la actual directora, la comandante Nadia Felicia Torrejón Oré. Su silencio fue total. Los docentes, por su parte, accedieron a hablar con nosotros, pero bajo condición de anonimato. Tienen miedo de perder sus puestos de trabajo si se les vincula con denuncias sobre las prácticas internas del plantel
Una comunidad dividida por la necesidad y el temor
La comunidad educativa está dividida. Por un lado, se encuentran los padres de familia indignados por los cobros, quienes denuncian que se trata de una obligación disfrazada. Por otro lado, algunos padres, aunque están a favor de los pagos, admiten que lo hacen solo porque “si no se paga, el colegio no funciona”. Asimismo, a lo largo de esta investigación, encontramos publicaciones en redes sociales que evidencian esta división: comentarios de estudiantes y padres que respaldan los pagos por necesidad, pero también quejas por la falta de servicios, baños en mal estado y carencia de personal docente.
Esta no es la primera vez que el colegio “Juan Ingunza Valdivia” es protagonista de denuncias por cobros irregulares. En 2018, ya se había reportado que la institución solicitaba pagos diferenciados: S/55 si el estudiante era hijo de policía, S/65 si era familiar y S/75 si no tenía vínculo alguno. Asimismo, se exigía S/75 por un fólder con solo cinco hojas, además de exámenes médicos y pagos por las “mejoras” institucionales. Lo más cuestionado fue el destino del dinero, ya que los pagos no se realizaban a cuentas institucionales, sino a cuentas personales, lo cual despertó una sospecha sobre el manejo irregular de los fondos.
El cobro de 2025: presión disfrazada de acuerdo
En el presente año, la historia no ha cambiado. A inicios del año escolar, los padres fueron convocados a una asamblea. En dicha reunión, según testimonios recogidos, se les comunicó que debían pagar S/700 por estudiante para cubrir servicios como taller de inglés, educación física y mantenimiento. Aunque se presentó como un acuerdo aprobado en asamblea, muchos padres aseguran que no hubo opción real de rechazarlo.
“Lo informó a través de una reunión. Algunos padres estaban de acuerdo y otros no”, mencionó una madre de familia.
Se ofreció la alternativa de pagar S/70 mensuales durante diez meses o cancelar los S/700 a inicios de año. Sin embargo, detrás de esa supuesta flexibilidad, los padres percibieron una presión encubierta:
“Si no aceptas, no puedes matricularte. Nos dijeron que es para cubrir necesidades básicas”, señala una madre anónima.
Uno de los testimonios más reveladores de esta investigación proviene de un docente en funciones dentro del colegio PNP “Juan Ingunza Valdivia”. Bajo el anonimato expresó:
“Unos pagan y otros no, no tenemos personal de servicio, de computación, de inglés. El cobro es para pagar todo eso y no sabemos cómo vamos a hacer, de repente vamos a cortar todo eso porque no están pagando”.
Según este testimonio, el colegio estaría funcionando parcialmente gracias al dinero recaudado por los padres de familia. Esta situación evidencia una precariedad estructural no resuelta por el Estado, ya que aquello que debería ser cubierto con recursos públicos termina siendo asumido por la comunidad escolar.
Intervención de la Defensoría del Pueblo
Hace unas semanas, la Defensoría del Pueblo acudió a la institución educativa tras recibir denuncias sobre el cobro de S/700, como condición para la matrícula escolar 2025. A través de sus redes sociales, la entidad informó que su personal fue recibido por responsables del plantel, quienes aseguraron que dicho pago “no impide” la matrícula. Sin embargo, los testimonios recogidos en esta investigación contradicen esta versión.
Pese a la visita de la Defensoría del Pueblo y su exhortación a la Dirección Regional de Educación del Callao (DRE Callao) para tomar medidas correctivas, la situación en el colegio no ha cambiado. Las quejas continúan en redes sociales. Los padres ven como una intervención simbólica, sin acciones concretas que garanticen el cumplimiento de la ley.
Mientras tanto, los canales oficiales del colegio siguen sin mostrar información actualizada sobre su dirección administrativa, y no hay pronunciamiento por parte de la UGEL o el Ministerio de Educación. Debido a esto, se alimenta la impunidad y deja a las familias en una posición de vulnerabilidad, obligadas a aceptar las condiciones ante la falta del respaldo efectivo por parte del Estado.
Infraestructura en riesgo tras terremoto de Junio
El pasado 15 de junio de 2025, un terremoto de magnitud 6.7 remeció el Callao y dejó al descubierto el deterioro estructural del colegio Juan Ingunza Valdivia. El plantel cerró temporalmente por riesgo en su infraestructura, lo cual generó mayor malestar entre los padres, quienes comenzaron a exigir explicaciones sobre el uso del dinero recaudado. Ellos alegan que pagaron una cuota de S/700, precisamente para garantizar el buen estado del local y la seguridad de sus hijos.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran paredes agrietadas, techos con desprendimientos y ambientes aún sin reparar pese a la reapertura parcial del colegio. Ante esta situación, se convocó a una nueva asamblea con los padres de familia. En mensajes de WhatsApp a los que accedimos, una madre escribió:
“En vista del tremendo problema que el colegio nos ha generado y que perjudica la educación de nuestros hijos, nos hemos comunicado con la prensa y nos han dicho que vendrán a hacer la cobertura, pero nos piden que fijemos una hora exacta en la que estemos en el colegio”.
El reclamo surge porque, tras el sismo, la dirección escolar decidió de forma unilateral volver a clases virtuales, lo que generó el rechazo de muchos apoderados. En un nuevo comunicado, difundido después de la reunión con los padres, la dirección informó:
Las clases continuarán en la modalidad virtual durante los meses de julio y agosto.
Se estaba a la espera del informe de Defensa Civil, realizado el 23 de junio, con un plazo de entrega de siete días hábiles.
Se evaluaría trasladar a los estudiantes a otro colegio o instalar módulos en el patio, proceso que requerirá una serie de trámites administrativos.
La comandante pidió comprensión y apoyo a las familias, mientras duren las clases virtuales. Sin embargo, muchos padres consideran insuficientes estas medidas, considerando que la institución recibe presupuesto del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación y los pagos directos realizados por ellos mismos.
¿Abuso o necesidad?
La situación en el colegio Juan Ingunza Valdivia refleja una realidad que también se observa en otras instituciones públicas del país: los fondos estatales resultan insuficientes o no se gestionan de manera eficaz. Ante esta limitación, el colegio traslada parte de la carga económica a los padres de familia, quienes terminan asumiendo pagos adicionales para garantizar una mejor calidad educativa para sus hijos. Surge así la pregunta: ¿se trata de un abuso de autoridad o de una consecuencia del limitado apoyo estatal? Lo cierto es que este sistema obliga a las familias a decidir entre asumir esos costos o arriesgarse a que sus hijos queden fuera del servicio educativo. En medio del silencio de las autoridades, la educación pública corre el riesgo de convertirse en un derecho condicionado.
