La Fiscalía de la Nación acusa al expresidente y dos exministros de colusión agravada en la adquisición de más de un millón de pruebas rápidas durante la emergencia sanitaria de 2020
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por amplia mayoría procesar la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntas irregularidades en la compra de pruebas COVID-19.
La acusación incluye también al exministro de Salud Víctor Zamora y a la exministra de Economía María Antonieta Alva por el delito de colusión agravada. Los tres exfuncionarios habrían beneficiado de forma concertada a empresas proveedoras sin cumplir los requisitos de contratación durante la emergencia sanitaria.
OPERACIÓN COORDINADA EN PLENA PANDEMIA
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con 15 votos a favor y una abstención admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación. El caso involucra la compra de más de un millón de pruebas rápidas
de COVID-19 en 2020.
El informe de calificación, elaborado bajo la presidencia de la legisladora María Acuña de Alianza para el Progreso, detalla la presunta operación coordinada. Vizcarra habría ordenado la adquisición directa a través del Decreto de
Urgencia 028-2020. Alva habría gestionado las partidas presupuestales necesarias para la operación.
ROLES ESPECÍFICOS EN
LA PRESUNTA COLUSIÓN
Zamora habría brindado soporte técnico para concretar la operación irregular. Los tres exfuncionarios habrían beneficiado de forma concertada a empresas
proveedoras. La acusación sostiene que no cumplieron los requisitos de contratación exigidos en plena emergencia sanitaria.
La admisión de la denuncia marca el inicio de la fase de investigación parlamentaria. La SAC podrá recabar pruebas y escuchar los descargos de los implicados durante esta etapa.
PROCESO PARALELO EN
EL PODER JUDICIAL
Una eventual aprobación en la Comisión Permanente abriría la puerta a la inhabilitación de funciones públicas. También permitiría un eventual juicio político en el Pleno del Congreso. Paralelamente, la vía penal seguirá su curso en el Poder Judicial. Ya se desarrolla un proceso por corrupción contra el exmandatario en esa instancia.
DEFENSA DE LOS ACUSADOS
Vizcarra, quien fue destituido por “incapacidad moral” en noviembre de 2020, rechaza los cargos. El expresidente alega que las pruebas rápidas respondieron a una “decisión técnica” avalada por la Organización Mundial de la Salud. Zamora y Alva también niegan haber actuado de manera irregular.
Ambos exministros afirman que colaborarán con las indagaciones parlamentarias.
PRÓXIMOS PASOS DEL
PROCESO
La SAC deberá elaborar un informe final con recomendación de acusación o archivamiento. De prosperar la denuncia, el Pleno podría imponer sanciones políticas a los involucrados.
El caso también sería remitido a la Fiscalía Suprema en caso de aprobarse la acusación. Esta instancia está encargada de formalizar acusaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
DATOS: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con 15 votos a favor y una abstención admitir a trámite la denuncia contra Martín Vizcarra por la compra de más de un millón de pruebas rápidas de COVID-19 en
2020. El proceso involucra también al exministro de Salud Víctor Zamora y a la exministra de Economía María Antonieta Alva, todos acusados del delito de colusión agravada por presuntamente beneficiar de forma concertada a empresas proveedoras sin cumplir los requisitos de contratación durante la emergencia sanitaria.
