Es investigada por diversos delitos de corrupción, tras informes de la Contraloría
La actual secretaria general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Sandra Ramos Flores, es investigada por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, a raíz de una serie de actos presuntamente irregulares.
La primera, segunda y cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investigan a esta funcionaria del MTC por concusión, cohecho pasivo y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Según los informes de la Contraloría General de la República, Sandra Ramos habría cometido hechos irregulares cuando se desempeñó como secretaria general de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú en el año 2017 y cuando fue gerenta de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud en el 2020.
En un informe de control posterior se determina que servidores de la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud adquirieron 5’330,973 ampollas del medicamento vecuronio (bromuro) sin sustento y sin considerar las necesidades de las redes asistenciales de 673,602 ampollas, generando una afectación al Estado por S/ 10’259,093.40
Para ello, señala la Contraloría, “realizaron contrataciones directas bajo causal de situación de emergencia que no cumplían con los requisitos para dicha modalidad de contratación, y sin el control de la necesidad urgente de las cantidades adquiridas, lo que habría favorecido a los proveedores contratados”.
También solicitaron la adquisición a través de contrataciones directas de un total de 2’325 440 frascos de ivermectina, incluso desde antes de su aprobación como tratamiento para el COVID-19. Otro de los informes señala que, en plena pandemia, se adquirieron medicinas mediante compras directas provocando también una afectación económica de más de 20 millones de soles.
FAVORECIMIENTO DE PROVEEDORES
Un tercer caso se refiere en la condición de Sandra Ramos como secretaria general de la Intendencia de Bomberos, gestión en que se realizaron contrataciones directas por más de 8 millones de soles bajo la figura de emergencia y en el contexto del incendio de las galerías Nicolini en el Cercado de Lima, sin respetarse los procesos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado, lo que habría permitido el favorecimiento de dos proveedores.
