Vladimir Cerrón celebra el archivo de caso por organización criminal y denuncia persecución política mediante «lawfare judicial»
La Fiscalía de la Nación archivó la investigación contra Vladimir Cerrón y otros dirigentes de Perú Libre por presunta organización criminal, luego de años de proceso que no arrojó elementos suficientes para sostener la acusación. El líder político celebró la decisión mediante redes sociales, donde denunció que fue víctima de persecución política a través de lo que calificó como «lawfare o falso positivo judicial».
La resolución fiscal
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, firmó la disposición que archiva definitivamente el caso. El documento establece que no existe mérito para disponer el inicio de diligencias preliminares contra los investigados. Entre los mencionados figuran Waldemar José Cerrón Rojas, Alfredo Pariona Sinche, Jackelyn Flores Peña, Valentín Ettriquez Urbina, Vladimir Roy Cerrón Rojas, Carlos Poma Ramos y todos los regidores de la Municipalidad Distrital de Anchonga.
La investigación se centró en presuntos delitos contra la tranquilidad pública por organización criminal, contra la voluntad popular por inducción a no votar, y contra la administración pública por tráfico de influencias y colusión simple y agravada. La fiscal determinó que los actuados no sustentaban las imputaciones realizadas.
La denuncia de Cerrón
Vladimir Cerrón utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre el archivo. El político afirmó que la Fiscalía archivó la denuncia por organización criminal después de mantenerlo años con medidas restrictivas. Según su versión, estas investigaciones aparecen siempre con fines políticos y terminan sin fundamento.
«Se llama lawfare o falso positivo judicial», escribió Cerrón en su publicación del 24 de junio. El término lawfare se refiere al uso del sistema judicial como arma política para debilitar adversarios. Esta denuncia forma parte de su estrategia de defensa, que busca presentar las investigaciones en su contra como persecución política.
El contexto de las investigaciones
La cédula de notificación muestra que la disposición fiscal se emitió el 2 de junio de 2025, con fecha de registro del 11 de junio. El documento fue firmado por Edgar Juan Jesús Sarmiento Rosales, asistente del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Esta área se encarga de casos de alta complejidad que involucran funcionarios públicos.
El archivo de esta investigación ocurre mientras Cerrón permanece prófugo por otros casos judiciales. Su situación legal se complica por múltiples frentes de investigación que enfrenta en diferentes instancias del sistema judicial peruano.
Las implicaciones políticas
El archivo fortalece la narrativa de Cerrón sobre la persecución política. El líder de Perú Libre ha sostenido consistentemente que las investigaciones en su contra responden a motivaciones políticas antes que a evidencias sólidas. Esta resolución fiscal podría ser utilizada por su defensa en otros procesos pendientes.
La decisión también genera interrogantes sobre la efectividad del sistema de justicia para investigar casos de corrupción política. El archivo después de años de investigación plantea cuestionamientos sobre los criterios iniciales para abrir estos procesos y los recursos invertidos en investigaciones que no prosperan.
