Con 92 votos, el Congreso restituyó la inmunidad parlamentaria y desde 2026 ningún legislador podrá ser procesado sin autorización del Pleno.
El día de ayer, el Congreso aprobó la restitución de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes con 92 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Esta reforma constitucional, impulsada por la Comisión de Constitución que preside Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), permitirá que desde 2026 los legisladores no puedan ser procesados penalmente durante su mandato sin autorización del Parlamento, salvo en casos de flagrancia. El dictamen también establece que esta protección se extienda hasta 30 días después de dejar el cargo. Aunque se excluyen delitos cometidos antes del mandato, la medida ha generado críticas por representar un posible retorno a la impunidad política.
Una reforma que blinda al Congreso
El Pleno del Congreso aprobó este jueves la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria. La medida fue respaldada por 92 congresistas, mientras 24 votaron en contra y uno se abstuvo. A partir de las elecciones de 2026, los parlamentarios no podrán ser procesados penalmente durante su mandato sin previa autorización del Congreso, salvo si son detenidos en flagrancia. En ese caso, el Legislativo tendrá 24 horas para pronunciarse sobre el levantamiento de la inmunidad. Si en 30 días no responde, se aplicará el silencio positivo y el Poder Judicial podrá actuar.
La norma protege a los congresistas desde el inicio de su mandato y hasta 30 días después de haberlo terminado. No cubre delitos cometidos antes del inicio de funciones. Esta figura había sido eliminada en 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra, tras una ola de presión ciudadana contra la impunidad. Su retorno representa un giro en la relación entre el Congreso y el sistema de justicia.
Críticas desde el hemiciclo
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, defendió la reforma y dijo que «muchos países en el mundo tienen inmunidad para sus congresistas». Sin embargo, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) sostuvo lo contrario: “En el Perú esta figura ha sido usada para que los políticos no respondan por sus delitos”. Su compañera de bancada, Sigrid Bazán, calificó la medida como un privilegio injustificado. “¿Si asesinan o violan, se supone que tienen que ir presos; o sea, si es congresista, ¿no lo podemos detener?”, cuestionó.
El respaldo del Congreso y las dudas externas
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también respaldó la reforma. Según él, “la inmunidad no es sinónimo de impunidad”, sino un mecanismo para “proteger la función parlamentaria frente a presiones políticas o judiciales indebidas”. Agregó que “la inmunidad parlamentaria es una atribución que tienen todos los congresos del mundo”. No obstante, el medio Ojo Público desmintió esa afirmación y señaló que países como Colombia, Bolivia y Panamá no contemplan esta figura.
La reforma todavía debe ser ratificada en una segunda legislatura con al menos 87 votos. Solo entonces podrá promulgarse e implementarse desde julio de 2026.
