La ley obliga a medios a ceder el 10% de su programación para contenidos sobre violencia de género, generando alerta por posible censura.
La ley promulgada por el Congreso el 27 de mayo exige que todos los medios, públicos y privados, cedan el 10% de su programación para emitir contenidos educativos sobre violencia de género. Aunque el Gobierno niega que la medida busque controlar los medios, organizaciones periodísticas como Medios Perú y la Asociación Nacional de Periodistas advierten que esta norma abre la puerta a la injerencia estatal y a su posible uso con fines propagandísticos. La franja beneficiará a nueve ministerios y otras entidades públicas, lo que, según los gremios, pone en riesgo la autonomía informativa y la sostenibilidad de los medios, sobre todo los locales.
El Ejecutivo niega intenciones políticas
Durante una conferencia de prensa, el primer ministro Eduardo Arana rechazó que el Ejecutivo busque controlar a los medios con esta ley. “Rechazo tajantemente cualquier insinuación de que buscamos restringir la libertad de expresión o interferir en el trabajo de los periodistas y medios de comunicación”, dijo. Recordó que el Ejecutivo presentó observaciones a la norma “advirtiendo que podía invadir la esfera de autonomía de los medios”, pero aseguró que su objetivo es contribuir a erradicar la violencia contra la mujer y la familia.
Gremios periodísticos advierten riesgo
La Coordinadora de Medios Locales (Medios Perú) cuestionó la norma. Señaló que impone una carga arbitraria sin definir criterios claros de contenido ni mecanismos que garanticen la independencia editorial. “Esta norma abre la puerta a la intromisión estatal en la línea de programación, lo que constituye una peligrosa vulneración de la libertad de expresión y del principio constitucional de la autonomía informativa”, advirtió.
También alertaron que la medida afectará el modelo económico de los medios, sobre todo los locales. “Podría ser utilizada con fines propagandísticos, dependiendo del gobierno de turno”, afirmaron.
Una franja gratuita para el Estado
La norma modifica el artículo 46 de la Ley 30364. Establece que el 10% de la programación de todos los medios se destinará a contenidos educativos en horario de protección familiar. Según la Ley 32351, este espacio será usado gratuitamente por las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), detalló que son nueve los ministerios involucrados:
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
- Ministerio del Interior (MININTER)
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)
- Ministerio de Salud (MINSA)
- Ministerio de Educación (MINEDU)
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
- Ministerio de Cultura (MINCUL)
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
ANP: No es la primera vez que se intenta controlar los contenidos
Lainez recordó que el Ejecutivo ya intentó imponer otra franja en medios para promover su lucha contra la criminalidad. “Se pudo frenar, pero esta vez se ha aprobado entre lobos y medianoche, pues no han pedido opinión (a la prensa)”, señaló. Criticó que la norma no reconozca que los medios ya difunden información sobre violencia de género y han mejorado sus coberturas. “Ha habido mucho esfuerzo por parte de los periodistas y medios de comunicación para formarse cada vez mejor y no revictimizar a los que sufren de violencia”, indicó.
Congreso defiende la medida
El dictamen fue aprobado el 22 de mayo con 80 votos a favor y tres abstenciones. La iniciativa fue impulsada por la congresista Mery Infantes. Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, sostuvo que el acceso gratuito ya estaba en la ley vigente y que lo aprobado solo precisa el enfoque de los contenidos. “No se vulnera la autonomía de los medios. Se trata de enfrentar un problema estructural que afecta la integridad y vida de miles de mujeres”, dijo.
Sin embargo, los gremios periodísticos insisten en que esta modificación, bajo la apariencia de una medida educativa, representa una injerencia del Estado y puede ser usada con fines políticos.
