Proyecto de ley impulsado por Fuerza Popular eliminaría principio de neutralidad política durante actividades parlamentarias. Expertos advierten riesgo para equidad electoral.
Un grupo de 23 congresistas, liderados por Arturo Alegría de Fuerza Popular, presentó el proyecto de ley 11306/2024-CR para modificar el reglamento del Congreso. La iniciativa permitiría que los parlamentarios realicen proselitismo político durante la «semana de representación», eliminando el actual principio de neutralidad que rige estas actividades oficiales. Expertos electorales y el JNE ya han alertado que esta medida violaría mandatos constitucionales y afectaría la equidad en las elecciones de 2026.
El argumento de los congresistas: «La neutralidad traiciona la esencia parlamentaria»
Alegría fundamenta su propuesta en que los congresistas no deben ser equiparados a «funcionarios administrativos o electorales». En el texto afirma: «Exigir neutralidad sería equiparar al parlamentario con un tecnócrata desideologizado, traicionando el diseño constitucional del Congreso como espacio de confrontación política».
El proyecto busca incorporar el artículo 25-A al reglamento legislativo, señalando que los congresistas tienen derecho a «expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias como parte legítima de su función». Entre los firmantes figuran figuras como Martha Moyano, Alejandro Muñante y José Williams.
Las advertencias de los expertos: «Amenaza a la democracia»
Jorge Jáuregui, abogado electoral, rechaza el proyecto: «Va contra el principio de neutralidad constitucional. Las autoridades no pueden usar recursos públicos para favorecer candidaturas». Subraya que esta norma ha permitido elecciones competitivas en las últimas dos décadas.
El JNE ya tiene protocolos para sancionar infracciones a la neutralidad. En casos graves, deriva expedientes al Ministerio Público y Contraloría, con multas de hasta 100 UIT (S/ 515,000) para partidos que reincidan.
El trasfondo político: Ventaja para quienes tienen cargos públicos
Analistas señalan que la iniciativa beneficiaría principalmente a congresistas que buscan reelección o aspiran a otros cargos en 2026. Permitiría usar actividades oficiales (viajes, reuniones con fondos públicos) como plataforma campaña encubierta.
La contradicción es evidente: mientras el proyecto habla de «fortalecer la seguridad jurídica», el JNE ya ha sancionado a autoridades por usar recursos estatales en campañas. El debate reaviva la discusión sobre si el Congreso debe autorregular privilegios que afectan la equidad democrática.
¿Qué sigue?
El pleno del Congreso deberá votar la iniciativa. De aprobarse, el JNE podría impugnarla ante el Tribunal Constitucional por contravenir principios electorales. Mientras tanto, la propuesta expone una tensión recurrente: el límite entre derechos políticos individuales y garantías colectivas para elecciones justas.
