El TC amplió el plazo al INPE para reducir el hacinamiento en las cárceles, a pesar del incumplimiento del Ejecutivo y el deterioro de los derechos humanos.
El Tribunal Constitucional concedió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una prórroga hasta el 2030 para enfrentar la sobrepoblación en las cárceles del país, tras reconocer el incumplimiento del plazo original de cinco años dictado en 2020. A pesar del mandato para cerrar seis penales sobrepoblados, solo el penal Miguel Castro Castro ha limitado nuevos ingresos. El Ejecutivo justificó su inacción por falta de presupuesto y emergencias como la pandemia de COVID-19 y el ciclón Yaku. Mientras tanto, los reclusos siguen enfrentando condiciones inhumanas, en un sistema penitenciario declarado inconstitucional.
El fallo original y el incumplimiento
En junio de 2020, el Tribunal Constitucional determinó que el hacinamiento carcelario en el Perú configuraba un “estado de cosas inconstitucional”. Las cárceles no solo superaban su capacidad de albergue, sino que carecían de servicios básicos, atención en salud física y mental, infraestructura adecuada y condiciones mínimas de seguridad. El TC ordenó al Ministerio de Justicia e INPE identificar los penales más críticos y adoptar medidas para resolver el problema en un plazo inicial de tres meses. Luego, el Tribunal amplió el tiempo a cinco años, que vencían en junio de 2025.
El Ministerio de Justicia no cumplió con lo ordenado. En abril de 2025, solicitó al TC una nueva ampliación de cinco años más, argumentando que emergencias como la pandemia y el ciclón Yaku afectaron el crecimiento económico del país, obligando al gobierno a redirigir recursos hacia el sector salud.
El nuevo plazo hasta 2030
El 9 de mayo de 2025, el procurador del Ministerio de Justicia solicitó formalmente la prórroga hasta el 2030 para ejecutar un plan nacional de deshacinamiento. El TC aceptó el pedido por seis votos contra uno, suspendiendo la supervisión directa hasta esa fecha. Dispuso además que el INPE y el Ministerio de Justicia informen anualmente sobre los avances en la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
Este plan, aprobado en septiembre de 2020, propone mejorar las condiciones de vida de los reclusos, reducir el hacinamiento, asegurar condiciones de seguridad y fortalecer la reinserción social, entre otros objetivos. Sin embargo, su cumplimiento ha sido mínimo hasta ahora.
Yarrow denuncia incumplimientos
La congresista Norma Yarrow denunció públicamente que el Ejecutivo no cumplió el plazo del TC. A través de su cuenta en la red social X, señaló que de los seis penales que debían dejar de recibir internos, solo el penal Miguel Castro Castro lo está haciendo. “¿Este gobierno cumplió? No”, escribió. También pidió que se identifique a los responsables del incumplimiento.
El fallo del TC indicaba que si en cinco años no se adoptan medidas, las seis cárceles más sobrepobladas debían dejar de recibir internos, lo cual no se ha cumplido.
Emergencia penitenciaria
Ante la inacción estatal, en noviembre de 2024 el Ejecutivo declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE por 24 meses. La medida buscaba enfrentar el déficit de capacidad de albergue y mejorar la resocialización de los reclusos. Se ordenó al Ministerio de Justicia elaborar una estrategia sectorial en 45 días para implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
A pesar de estos compromisos, la situación estructural de las cárceles no ha cambiado. El Estado ha incumplido una sentencia que buscaba garantizar derechos mínimos a más de 94,000 personas privadas de libertad.
Una política sin resultados
La Política Nacional Penitenciaria al 2030 plantea seis objetivos: reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de vida, garantizar seguridad, fortalecer programas de reinserción, mejorar la gestión del sistema y acompañar a quienes cumplen sus penas. No obstante, la brecha entre los objetivos de la política y la realidad carcelaria evidencia una crisis que, más allá de los plazos, se mantiene como una expresión de abandono estructural del Estado hacia las personas privadas de libertad.
