Janet Tello advierte que la norma viola derechos fundamentales y compromisos internacionales, mientras revela que solo el 2% de adolescentes en conflicto con la ley son reincidentes.
Justicia juvenil en la cuerda floja
El Poder Judicial analiza sumarse a la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que endurece las penas para adolescentes de 16 y 17 años. La presidenta del PJ, Janet Tello, sostiene que la norma no solo viola la Constitución y tratados internacionales, sino que ignora los bajos índices de reincidencia juvenil. La medida llega cuando el país carece incluso de infraestructura adecuada para separar a menores de adultos en prisiones.
Los números
Tras reunirse con UNICEF, Tello reveló datos contundentes: «El total de adolescentes involucrados en hechos delictivos no llega al 2%». La magistrada destacó que el actual sistema de justicia juvenil ha demostrado efectividad, con mínimos casos de reincidencia. Estos números cuestionan la premisa usada por el Legislativo para justificar la polémica ley aprobada el 10 de mayo.
La presidenta judicial fue categórica: «El Perú estaría colocándose al margen de sus obligaciones internacionales y de la propia Constitución». Recordó que la Convención sobre Derechos del Niño exige un sistema orientado a «rehabilitación y reintegración social», no al castigo puro.
Problemas prácticos ignorados
Más allá del debate legal, Tello señaló un obstáculo concreto: el país no tiene establecimientos penitenciarios adecuados para separar a adolescentes de adultos. «La ley está destinada al fracaso», advirtió, poniendo en evidencia que el Congreso aprobó una medida sin considerar su implementación real.
UNICEF, a través de su representante Laura Salamanca, confirmó que el Ministerio Público también evalúa sumarse a la impugnación. Esto revela un frente común entre instituciones técnicas contra una decisión legislativa que muchos califican de populista.
El verdadero desafío
Mientras el Congreso insiste en medidas punitivas, los datos muestran que el problema de la criminalidad adolescente es marginal. La discusión debería centrarse en fortalecer programas de prevención y reinserción, no en aprobar leyes inconstitucionales que saturan un sistema carcelario ya colapsado. El eventual recurso del PJ podría ser el último freno a una norma que parece más pensada para titulares de prensa que para resolver problemas reales.
