Según fuentes confiables, Fiscalía prepararía tercer allanamiento y detención preliminar contra exministro Santiváñez basándose en testimonios sin sustento probatorio.
Esta nueva ofensiva judicial acusa al exfuncionario de haber favorecido el nombramiento del general Vidalon Trillo en Recursos Humanos mediante la intervención del coronel en retiro Tenorio Gamonal.
La Fiscalía de la Nación ha reactivado una investigación en reserva contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez, lo que incluiría un tercer allanamiento a su domicilio y la solicitud de detención preliminar. Según fuentes confiables, la medida se basa en presuntos favorecimientos irregulares dentro de la PNP, específicamente en el nombramiento del general Vidalón Trilló, con la supuesta intervención del coronel (r) Tenorio
Gamonal.
El sustento principal de esta nueva ofensiva judicial se apoya únicamente en los testimonios del coronel Harvey Colchado y el coronel Walter Lozano,
sin evidencia documentalo pericias complementarias. Documentos filtrados señalan que “la única intención” sería forzar una detención inmediata pese
a la ausencia de pruebas concluyentes.
Ante ello, Santiváñez denunció públicamente una persecución sistemática: “Cuando no existe fundamento ni medios probatorios para fundamentar una denuncia, solo puede definirse con un término: locura”, escribió en sus redes sociales. Ya ha sido objeto de dos allanamientos anteriores, que calificó como abusos de poder.
El exministro también acusa a medios de comunicación de haber sido
cómplices de una campaña de desprestigio, señalando que estos forman parte de una “red caviar y criminal” que respalda las acciones de la Fiscalía. En respuesta, ha iniciado una serie de denuncias legales
por difamación. En paralelo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha admitido a trámite su denuncia contra la fiscal de la Nación, lo que refuerza su estrategia de defensa legal.
“Ahora le toca a mi defensa. Van a saber por qué soy uno de los mejores abogados del país”, afirmó Santiváñez, quien sostiene que su casoforma parte de un patrón de hostigamiento judicial con tintes políticos.
DATOS: UN PATRÓN QUE SE REPITE La nueva arremetida contra Santiváñez ocurre en medio de un contexto político cargado, donde también se ha denunciado constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por presunto encubrimiento en el caso Cerrón. Ambos casos comparten un denominador común: acusaciones fiscales iniciadas sin pruebas materiales contundentes y sustentadas en declaraciones de alto contenido político, lo que refuerza la hipótesis de una instrumentalización del sistema judicial contra opositores incómodos.
