La fiscal de la Nación Delia Espinoza enfrenta una denuncia ante la JNJ por autorizar el doble cobro a su vocero, Víctor Cubas, mientras acusaba a congresistas por lo mismo. Luis Miguel Caya revela contradicciones que podrían costarle el cargo.
Delia Espinoza, fiscal de la Nación, está en el ojo del huracán. Luis Miguel Caya, abogado y exconsejero regional, la denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por permitir que su vocero, Víctor Cubas Villanueva, cobre simultáneamente una pensión de S/7,165 y un sueldo de S/14,855 bajo un contrato CAS. La ironía salta a la vista: meses antes, Espinoza había denunciado a 11 congresistas por beneficiar a militares y policías en retiro con pagos similares. Ahora, su propia gestión queda en entredicho.
La denuncia que expone contradicciones
Luis Miguel Caya no solo presentó la denuncia, sino que la respaldó con documentos. En ellos detalla que Espinoza, a través de la Gerencia de Tesorería del Ministerio Público, autorizó los pagos a Cubas Villanueva. «Tenía pleno conocimiento que no está proscrita ni prohibida la doble percepción cuando se trate de pensionista», señala el texto. Sin embargo, su actuación contrasta con su discurso público.
Hace meses, Espinoza acusó a congresistas como José Williams, Jorge Montoya y Patricia Juárez de promover una ley que permitía a militares y policías en retiro cobrar sueldo y pensión sin restricciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó su denuncia por improcedente, pero el mensaje quedó claro: la fiscal criticaba lo que luego practicó .
El doble rasero constitucional
Caya no se limita a señalar la contradicción. En su denuncia, afirma que Espinoza «quebrantó flagrantemente los artículos 102 y 139 de la Constitución». Estos artículos protegen la función legislativa y garantizan igualdad ante la ley. Al denunciar a los congresistas pero beneficiar a su vocero, la fiscal habría violado ambos principios .
El caso de Cubas es claro: como fiscal retirado, recibía S/7,165 de pensión. Bajo el Decreto Legislativo 1057, sumó S/14,855 más como contratado. Para Caya, esto no solo es irregular, sino hipócrita. «Ella misma avaló pagos a Cubas mientras perseguía a otros por lo mismo», insiste .
El historial conflictivo de Espinoza
Esta no es la primera vez que la fiscal enfrenta cuestionamientos. Antes, retiró al Ministerio Público de una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, alegando inconstitucionalidad de una ley. Sus críticos dicen que actuó por intereses políticos, no jurídicos . Además, acumula cuatro denuncias constitucionales, incluyendo acusaciones de abuso de autoridad y prevaricato .
Hasta su manejo patrimonial genera sospechas. En un año, sus bienes pasaron de S/232 mil a S/594 mil. Espinoza lo atribuyó a «optimización de gastos», pero la explicación no convence a todos .
¿Qué sigue?
La JNJ debe evaluar si abre investigación. De probarse las faltas, Espinoza podría ser destituida. Mientras tanto, el caso revela un patrón: una fiscal que exige a otros lo que no cumple. Para Caya, esto no es solo un error, sino un «quebrantamiento flagrante» de la ley. Y la ciudadanía, atenta, espera justicia .
