Erika Sueldo, ciudadana que apoya al líder de Perú Libre, se ve atrapada en la misma barrera burocrática diseñada para obstaculizar casos con trasfondo político. Tribunal de Transparencia se lava las manos y manda al desvío.
El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha evidenciado un patrón sistemático de bloqueo informativo que afecta a Vladimir Cerrón, incluso cuando la solicitud viene de una ciudadana común. Erika Luz Sueldo Castillo, quien buscaba apoyar el derecho a la defensa del líder de Perú Libre, recibió la misma negativa burocrática, exponiendo un posible sesgo institucional.
La lucha de Sueldo Castillo por obtener una copia fedateada del Informe Técnico N° D000204-2024-JUS/PGE-BZE-DVP sobre Análisis de Pericia Contable no es casual. Este documento podría desmentir el peritaje de la Fiscalía de Lavado de Activos contra Cerrón, quien no puede solicitar directamente esta información por las restricciones que enfrenta.
Una estrategia coordinada para denegar información
A pesar de que el Tribunal declaró fundado el recurso de apelación mediante Resolución N° 000145-2025-JUS/TTAIP, la Procuraduría General del Estado (PGE) sigue incumpliendo la orden. La carta firmada por José Ángel Dávila Córdova solo comunica el «agotamiento de la vía administrativa», sin garantizar el acceso al documento crucial.
Esta barrera parece responder a motivos políticos más que procedimentales. El informe técnico en cuestión podría desmontar la acusación de lavado de activos contra Cerrón, quien denuncia que el peritaje fiscal determina «un desbalance de 6,2 millones, porque una misma cuenta fue sumada cinco veces, considerándose erróneamente cada movimiento bancario como un ingreso nuevo».
Justicia selectiva y discriminación ideológica
El caso expone un sistema que parece aplicar filtros ideológicos en el acceso a la justicia. Mientras la PGE y la Fiscalía pretenden extinguir cuentas provenientes de remuneraciones legítimas (EsSalud, UNCP, UPLA, DIRESA, Gob.Regional), niegan el acceso a documentos que podrían demostrar la debilidad de sus acusaciones.
El Tribunal, lejos de garantizar la transparencia, se convierte en cómplice de esta discriminación al sugerir a Sueldo Castillo que inicie nuevos procesos legales, sabiendo que esto implica costos y demoras adicionales que obstaculizan efectivamente el derecho a la defensa de Cerrón.
La situación refleja un patrón preocupante donde las instituciones públicas parecen coordinarse para bloquear el acceso a información que podría beneficiar a figuras políticas de determinada ideología, vulnerando principios democráticos fundamentales y el derecho universal al acceso a la información pública.
