Justicia brasileña cortó asistencia en casos Odebrecht tras acusar a Perú de violar acuerdos legales en el marco del caso Lava Jato.
La decisión se basa en que el Ministerio Público peruano habría usado evidencia en procesos distintos a los acordados, violando el principio de especialidad.
El caso Lava Jato en Perú atraviesa su momento más crítico. Este jueves, la Fiscalía de Brasil notificó la suspensión por 90 días del acuerdo de cooperación judicial con el Ministerio Público peruano, debido a presuntas violaciones al principio de especialidad. La medida golpea directamente al equipo especial encabezado por Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes enfrentan cuestionamientos por haber usado pruebas en procesos distintos a los autorizados. Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial, intentó restar importancia a la suspensión asegurando que “nada ha sido afectado” y que se trata de “versiones mediáticas”. Sin embargo, su nerviosismo ante las cámaras reflejó la gravedad del anuncio. En tanto, José Domingo Pérez defendió la legalidad del material probatorio y acusó a sectores políticos de intentar deslegitimar el trabajo fiscal.
Desde Brasil, la Secretaría Nacional de Justicia explicó que el motivo de la suspensión radica en el uso indebido de pruebas obtenidas mediante acuerdos internacionales, las
cuales habrían sido utilizadas sin autorización en procesos arbitrales. El gobierno brasileño considera que se violó el principio de especialidad, que limita el uso de pruebas solo a los casos expresamente permitidos.
Abogados defensores como Wilfredo Pedraza, representante del expresidente Ollanta Humala, ya adelantaron que usarán esta decisión como parte de su estrategia para anular sentencias. Frente a ello, Vela acusó a los letrados de “buscar en Brasil lo que no consiguieron en el Perú” y afirmó que se trata de un nuevo intento por obstaculizar las investigaciones anticorrupción.
Más allá del impacto jurídico inmediato, este episodio revive las críticas contra Vela y Domingo Pérez por haber judicializado la política en los últimos años. A través de acuerdos de colaboración y uso extensivo de pruebas extranjeras, ambos fiscales llevaron adelante investigaciones que alteraron el escenario político peruano, pero ahora enfrentan cuestionamientos sobre la solidez y legalidad de ese camino.
Brasil congela cooperación
por uso indebido de pruebas
Según informes del medio O Globo, Brasil habría enviado reiteradas solicitudes de explicación al Perú desde noviembre de 2022 por el uso indebido de pruebas provenientes del acuerdo de leniencia (indulgencia) con Odebrecht.
La principal falta, según la Secretaría Nacional de Justicia, fue emplear esa evidencia en procedimientos distintos a los autorizados, como arbitrajes, sin la aprobación del Estado brasileño. Esto constituiría una violación al principio de especialidad, norma básica en todo acuerdo de cooperación jurídica internacional. La suspensión de la asistencia internacional
compromete la continuidad de varios procesos abiertos en Perú, cuyas pruebas clave dependen precisamente de esta colaboración bilateral. Desde Brasil se afirma que se evaluará una eventual reactivación del acuerdo, pero no hay fecha definida para ello.
