En una reciente entrevista en el programa Conéctate con Mayra Alvarez, Koki Noriega Brito, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de Áncash, analizó la crisis política y económica del país, criticó los recientes cambios en el gabinete ministerial y planteó una alternativa de gobernabilidad basada en la articulación con los gobiernos regionales y locales.
Cambios ministeriales: «Una mala señal»
Noriega expresó su preocupación por la salida del exministro de Economía, José Salardi, quien, según destacó, generó «empatía y confianza» en las regiones y el sector privado durante su breve gestión. «Era un profesional que abrió diálogo con los gobernadores y alcaldes. Su salida genera inestabilidad en un momento en que el país necesita inversión», afirmó.
Sobre el traslado de Raúl Pérez Reyes (exministro de Transportes) a Economía, señaló que, aunque lo considera un funcionario dialogante, aún tenía desafíos pendientes en su cartera anterior, como proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria.
Gobernabilidad y descentralización
El presidente de la ANGR criticó la falta de liderazgo de la presidenta Dina Boluarte y su desconexión con los gobiernos regionales: «Si yo fuera presidente, convocaría a gobernadores y alcaldes para marcar la pauta del país. Los gobernadores tenemos legitimidad porque somos elegidos por el pueblo».
Denunció que el Ejecutivo no prioriza el trabajo con las regiones, pese a que estas son clave para reducir brechas en salud, educación e infraestructura. Ejemplificó con el caso de Puno, cuyo gobernador no es recibido en Palacio de Gobierno, lo que refleja, según él, la fractura entre el Estado y las demandas ciudadanas.
Transparencia y resultados en Áncash
Noriega defendió su gestión en Áncash, donde, pese a una baja ejecución presupuestal inicial, aseguró haber combatido la corrupción heredada: «Nos criticaron por ejecutar poco, pero fue porque no robamos. Ahora tenemos megaobras en marcha, como el hospital de Chiquián y la carretera Yungay-Yanama, tras décadas de abandono».
Críticas al Congreso y al Ministerio Público
Cuestionó la Ley de Contrataciones del Estado, que permite a familiares de congresistas contratar con el Estado: «En un país con instituciones frágiles, esto abre puertas al tráfico de influencias».
También exigió mayor autonomía y recursos para el Ministerio Público: «Debe ser técnico, no politizado. Hoy vemos fiscales que buscan cámaras en lugar de justicia».
