Proponen reducir la “ley seca” electoral de 48 a 28 horas para evitar pérdidas económicas sin afectar la seguridad del proceso democrático.
A menos de un año de las elecciones generales de 2026, el Congreso ya discute cambios a las reglas del juego. Una de las propuestas más concretas plantea reducir el horario de la llamada “ley seca”, que impide vender y consumir bebidas alcohólicas durante el proceso electoral. Aunque la medida busca garantizar el orden público, varios sectores denuncian su impacto económico. El proyecto legislativo del congresista Alejandro Soto propone acortar la restricción a 28 horas, en lugar de las 48 actuales. La iniciativa busca equilibrar el derecho al trabajo con el orden electoral, sin castigar a quienes dependen del comercio para vivir.
Modificación al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones
Alejandro Soto, congresista de Alianza para el Progreso, presentó el proyecto de ley N.° 10993. Su propuesta modifica el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones. La idea es que la prohibición empiece a las 8 de la noche del día anterior a la votación y termine a la medianoche del día electoral. En total, 28 horas. Actualmente, la restricción se extiende durante 48 horas.
Soto considera que esta duración “carece de un sustento técnico que la justifique” y que la medida actual “es excesiva”. El objetivo de su propuesta es “salvaguardar el orden sin castigar innecesariamente a quienes dependen de estas actividades para sostener su economía”.
Golpe a la economía local y al comercio informal
Uno de los argumentos centrales del proyecto es el impacto económico directo que la ley provoca en los pequeños negocios. Según estimaciones del sector comercial, cada jornada electoral con ley seca representa pérdidas que superan los S/320 millones. En 2026 habrá hasta cuatro procesos electorales, lo que multiplica el golpe económico.
Los fines de semana son claves para las ventas de bodegas, bares y restaurantes, sobre todo en zonas populares. Cuando la ley los obliga a cerrar por completo durante dos días, pierden ingresos esenciales. Además, estas restricciones no eliminan el consumo, sino que lo empujan a la informalidad. Muchos locales siguen vendiendo de forma clandestina, sin ningún tipo de control sanitario ni tributario.
Principios detrás de la propuesta legislativa
La propuesta no busca eliminar la ley seca, sino limitarla con sentido común. Se apoya en el principio de razonabilidad y en el derecho al trabajo. Según Soto, la reforma no debilita las garantías democráticas. Por el contrario, plantea que “la participación democrática se promueve con confianza, transparencia y reglas razonables, no con medidas desproporcionadas”.
