Gobierno prevé ahorro de S/4,000 millones anuales desde 2026. Medida busca eliminar burocracia de programas y acelerar ejecución de obras en salud, educación y transporte.
En un giro radical de la gestión pública, la presidenta Dina Boluarte anunció la extinción de 14 programas de inversión de diversos ministerios, que serán absorbidos por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esta reestructuración, calificada como «histórica» por el Ministerio de Economía (MEF), promete ahorrar S/4,000 millones anuales a partir de 2026 y reducir trabas burocráticas que por años retrasaron proyectos clave. La medida, sin embargo, genera interrogantes sobre su implementación y el destino de los funcionarios afectados.
Una reforma para «desenredar» el Estado
Boluarte explicó que la ANIN se convertirá en una Unidad Central de Inversión Pública, asumiendo la planificación y ejecución de obras en sectores prioritarios como salud, educación y transporte. «No más duplicidad de funciones ni trámites eternos. Queremos que los ministerios se concentren en servicios, mientras ANIN construye infraestructura con eficiencia», declaró durante su mensaje a la Nación.
El ministro José Salardi detalló que los 14 programas extinguidos —entre ellos Provías, PRONIED y PRONIS— tenían estructuras paralelas que generaban gastos redundantes. «Había 14 gerencias de logística, 14 de recursos humanos… Era un despilfarro», afirmó. Según el MEF, solo en el segundo semestre de 2025 el ahorro alcanzará S/2,500 millones.
Los desafíos de la centralización
Expertos consultados reconocen el potencial de la medida, pero advierten riesgos. Juan Carlos Mathews, exviceministro de Hacienda, señaló a RPP que «centralizar no es sinónimo de agilizar. ANIN deberá demostrar capacidad operativa para manejar un portafolio ampliado sin colapsar».
Otro punto crítico es la articulación con gobiernos regionales. El programa Provías Descentralizado, por ejemplo, manejaba carreteras en coordinación con locales. Salardi insistió en que habrá «mesas técnicas permanentes», pero alcaldes como Manuel Gambini (Arequipa) ya exigen garantías: «Que no repitan el centralismo limeño que ignora nuestras necesidades».
¿Qué pasará con los trabajadores de los programas?
El anuncio generó inquietud entre los 3,500 funcionarios de los programas afectados. El Ejecutivo aclaró que se priorizarán reubicaciones en ANIN o otros sectores, pero el Sindicato de Trabajadores del MEF exige precisiones: «No puede haber despidos encubiertos», declaró su secretario general, Luis Portillo.
Mientras tanto, la Sociedad Nacional de Industrias respaldó la medida: «Es un paso hacia competitividad», afirmó su presidente, Jesús Salazar. La CCL, en cambio, pidió auditorías independientes para verificar los ahorros prometidos.
La reestructuración marca un antes y después en la gestión de inversión pública, pero su éxito dependerá de una implementación transparente. Con ANIN como «megacontratista estatal», el gobierno apuesta a acelerar obras emblemáticas antes del bicentenario en 2026. Sin embargo, el fantasma de la ineficiencia —y el recuerdo de fracasos como la reconstrucción con cambios— planea sobre este ambicioso experimento de reorganización estatal.
