Ministerio Público acusa a Quero de incitación a la discriminación por frase sobre fallecidos en protestas del 2022 y 2023.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por el delito de incitación a la discriminación agravada. Esto, tras haber llamado “ratas” a los muertos durante las protestas que estallaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Según el Ministerio Público, las expresiones del ministro “promueven y legitiman la exclusión y desvalorización de los referido agraviados”. La denuncia pasará ahora a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para su evaluación. De admitirse, se abriría paso a un eventual proceso penal si el Congreso levanta el antejuicio.
Del insulto a la denuncia
El caso se originó luego de una actividad oficial en Piura, donde una periodista abordó al ministro con una pregunta directa: “Ayer fue el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué el gobierno no se ha pronunciado sobre los cincuenta fallecidos en las protestas?”. La respuesta de Quero fue: “Los derechos humanos son para personas, no para las ratas”. La declaración provocó una ola de críticas. Sin embargo, el ministro no se retractó. Alegó después que se refería a los violadores de menores y no a los muertos en las manifestaciones. También acusó a la periodista de no haber hecho una pregunta clara.
El video del momento desmiente sus versiones. La pregunta fue concreta, sin interrupciones ni ruidos. Para la Fiscalía, Quero nunca rectificó sus palabras. Solo ofreció una “aclaración pública” sin reconocer su responsabilidad. “Tampoco niega lo dicho”, señala el comunicado. Por el contrario, el titular del Minedu justificó su declaración asegurando que pensó que la periodista hablaba de violadores, ignorando que los derechos humanos son inherentes a toda persona. “Como titular de la cartera de Educación debe promocionarlos y defenderlos; no propalar su exclusión de algún grupo social”, remarcó el Ministerio Público.

Quero y sus reincidencias en discursos violentos
No es la primera vez que Morgan Quero enfrenta críticas por declaraciones que vulneran derechos fundamentales. Cuando se revelaron los casos de violaciones sistemáticas a niñas de la comunidad awajún, el ministro calificó la violencia sexual como una “práctica cultural”. Este patrón de discursos preocupantes, sumado a su posición de poder, agrava la situación. El Código Penal establece una pena de entre dos a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito que se le imputa.
Ahora, el proceso queda en manos del Congreso. Si la denuncia es admitida, la Comisión Permanente tendrá hasta quince días para elaborar un informe final que determine si corresponde levantar el antejuicio. De autorizarse, Quero podrá ser procesado penalmente. Mientras tanto, las declaraciones de un ministro de Educación siguen minando la legitimidad de un Estado que debería garantizar derechos, no negarlos.