Gobierno debe tomar medidas urgentes para retomar el orden en la zona.
Mineras intentan culpar a la minería informal y el Reinfo.
Trece trabajadores vinculados a la minera Poderosa fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en la provincia de Pataz, región La Libertad,pese al despliegue militar y policial en la zona. El Gobierno dudó inicialmente de los hechos, mientras que la empresa responsabiliza a la minería ilegal y critica el rol del Estado.
Trece mineros contratados a través de la empresa R&R, vinculada a la minera Poderosa, fueron asesinados por bandas criminales en Pataz, zona declarada en estado de emergencia desde hace meses. Según la minera, los trabajadores brindaban servicios a un minero artesanal con el que tenían un contrato de explotación.
El secuestro ocurrió el 25 de abril y, tras días de búsqueda, sus cuerpos fueron finalmente hallados.
El crimen ha provocado una grave crisis de seguridad en la región, donde
operan mafias de minería ilegal pese a la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Ministerio del Interior confirmó el hallazgo de los cuerpos y anunció el envío de divisiones especializadas en secuestros y homicidios a la zona. El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, informó que se “radicalizará” el estado de emergencia.
La empresa Poderosa difundió un comunicado en el que responsabiliza a mineros ilegales coludidos con criminales por los asesinatos, y criticó el accionar del Estado: “Esta situación se da a pesar de la declaratoria del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente de efectivos policiales y del ejército”, señalaron.
Las autoridades han identificado a la mayoría de las víctimas, entre ellas Nilver Pérez, César Rospigliosi, Frank Monzón, los hermanos Facundo Inga y Darwin Coveñas. El padre de uno de los mineros denunció que algunas víctimas habrían sido torturadas antes de ser ejecutadas. La familia del
joven Deyter Domínguez relató que no supieron nada más de él desde el día que ingresó a trabajar.
El Gobierno fue inicialmente escéptico ante las denuncias. El primer ministro Gustavo Adrianzén llegó a afirmar el 29 de abril que no existía denuncia alguna y puso en duda que se tratara de trabajadores vinculados a la minera. Hoy, con los hechos confirmados, la desconfianza oficial contrasta con la magnitud del crimen y deja al descubierto un vacío de autoridad en Pataz.
¿Por qué ha fracasado el Reinfo?
Mineros informales no logran firmar contratos con concesionarios
Uno de los principales obstáculos en el proceso de formalización minera en
el país es la negativa de los titulares de concesiones a firmar contratos con los mineros en proceso de formalización (Reinfo). Esta falta de voluntad impide que los pequeños productores accedan a la legalidad, dejándolos en un limbo que, en muchos casos, es aprovechado por mafias del crimen organizado.
En zonas como Pataz, donde operan grandes empresas mineras, los concesionarios priorizan sus intereses y evitan establecer acuerdos con operadores informales, aun cuando estos cumplen con requisitos técnicos y legales. Esta situación no solo sabotea el objetivo del Reinfo, sino que contribuye al caos en el sector y al fortalecimiento de estructuras criminales que capturan espacios abandonados por es Estado.
