El Parlamento solo concretó dos inhabilitaciones en cinco años, pero insiste en sancionar a Sagasti, Vizcarra, Del Solar y otros.
El Congreso de la República ha impulsado 16 intentos de inhabilitación política contra altos y exaltos funcionarios durante el actual quinquenio. De esas propuestas, solo dos se concretaron: una contra el expresidente Martín Vizcarra, sancionado por cinco años en el caso Obrainsa, y otra contra el exministro de Salud Víctor Zamora, con diez años de inhabilitación por el uso de pruebas rápidas durante la pandemia. Ambas sanciones los dejan fuera de la carrera electoral de 2026 e impiden que ocupen cargos públicos. El resto de intentos fracasó en el Pleno o fueron anulados por el Poder Judicial, aunque el Congreso busca volver a votarlos.
Reintentos y reconsideraciones
En la última sesión del Pleno, el Congreso no logró los 67 votos necesarios para inhabilitar a Vizcarra por la disolución del Parlamento en 2019. Tampoco alcanzó el respaldo requerido para sancionar a sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos. El congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, presentó el informe que proponía diez años de inhabilitación para Vizcarra y cinco para los exministros. Sin embargo, no logró su objetivo.
Del Solar fue retirado del proceso tras una cuestión de orden presentada por el parlamentario Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien alegó prescripción del caso porque ya pasaron más de cinco años desde que dejó el cargo. La solicitud fue aprobada.
Ese mismo día, el Pleno votó los informes contra el expresidente Francisco Sagasti y sus exministros Rubén Vargas y José Élice por el pase al retiro de 18 generales de la PNP en 2020. El informe final proponía inhabilitarlos por diez años, pero tampoco se alcanzaron los votos.
A pesar de los tropiezos, los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) pidieron reconsiderar todas las votaciones. “En la próxima sesión del Pleno volverán a ser discutidas las inhabilitaciones de estos exaltos funcionarios”, dice el informe. Los impulsores tienen casi una semana para intentar conseguir los 67 votos que necesitan.
Poder Judicial anula inhabilitaciones
El Congreso también apuntó contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos y los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). A Ávalos la sancionaron con cinco años por no acusar a Pedro Castillo cuando era presidente. Sin embargo, el Poder Judicial anuló la inhabilitación y ella volvió a su cargo en la Junta de Fiscales Supremos.
Los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez también fueron inhabilitados con 67 votos por permitir la permanencia de Tello en la JNJ pese a tener más de 75 años. Ambos presentaron demandas de amparo porque en la votación participaron miembros de la Comisión Permanente, lo cual está prohibido. El Poder Judicial les dio la razón y regresaron a la JNJ.
El abogado de Tello, Omar Cairo, advirtió que los 67 votos no debieron contar con el respaldo de quienes ya dictaron opinión en la Comisión Permanente. Vásquez también ganó su demanda.
Otros miembros de la JNJ, como Antonio de la Haza, María Zavala, Imelda Tumialán, Guillermo Thornberry y José Ávila, también fueron denunciados, pero sus propuestas de inhabilitación no fueron aprobadas.
Del Solar y la vía judicial
Del Solar también recurrió al Poder Judicial. Interpuso una demanda de amparo luego de que el Congreso intentara inhabilitarlo fuera del plazo legal. Su recurso fue admitido y se programó una audiencia para agosto.
Mientras tanto, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Renovación Popular insisten con dejar fuera de juego a Sagasti, Del Solar, Vizcarra, Élice, Vargas y Zeballos. Su meta política: impedir que regresen al Estado.
El Congreso se blinda
Mientras se acelera contra sus rivales, el Congreso detiene las denuncias contra sus propios miembros. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó las denuncias por presunta concusión contra las congresistas Rosío Torres y Magaly Ruiz (APP). Los delegados de ambos casos —Segundo Quiroz y Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial— recomendaron no investigar y sus propuestas fueron aceptadas.
El caso de Inti y Bryan también fue archivado. Alejandro Cavero (Avanza País), delegado del caso, recomendó no acusar al expresidente Manuel Merino por las muertes ocurridas durante su breve gobierno. La SAC aprobó su propuesta.
Tampoco hubo avance en el caso “Los Niños”. En 2023, la Fiscalía denunció constitucionalmente a los congresistas Darwin Espinoza y Jorge Flores (Podemos Perú), y a Elvis Vergara y Raúl Doroteo (Acción Popular). Hasta ahora no se aprueba ningún informe sobre ellos.
Balance: 16 intentos, 2 sanciones
En total, el Congreso intentó inhabilitar a 16 personas. Solo Vizcarra y Zamora tienen sanciones efectivas. Las demás propuestas fracasaron o fueron anuladas por el Poder Judicial.
