Vocero de Alianza para el Progreso insiste en que el proceso fue legal, pese a cuestionamientos sobre sueldo y formación académica de la funcionaria.
Elio Riera, exabogado de Alberto Fujimori y ahora vocero de APP, salió al frente para defender el nombramiento de Yessenia Lozano como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso. Aseguró que no hubo irregularidades, aunque la designación ha generado polémica por el alto sueldo que percibe Lozano —más de 19 mil soles— pese a contar solo con el grado de bachiller en Derecho.
Según el Reglamento del Congreso, su formación académica solo le permitiría acceder a un cargo técnico con un salario aproximado de 6 mil soles. Sin embargo, Riera insistió en que el proceso cumplió con todas las normas.
¿Se ajusta el nombramiento a la ley?
En declaraciones a Prueba de Fuego de RPP, Riera afirmó que “no existe ningún quebrantamiento legal ni norma que se haya vulnerado”. Explicó que la oficina fue creada en 2022 bajo la autonomía presupuestaria del Legislativo y que el cargo fue asignado siguiendo los procedimientos establecidos.
“Para alcanzar este puesto, se debe seguir un proceso regular, no es una simple designación del presidente del Congreso”, sostuvo. Además, descartó que la falta de registro oficial de una supuesta maestría en Gestión Pública de Lozano afecte la validez de su nombramiento.
La polémica por la foto de César Acuña
Otro punto de controversia fue la presencia de una gran fotografía del líder de APP, César Acuña, en la oficina de Lozano. Riera reconoció que “no era necesaria” y admitió que los espacios públicos deben usarse con fines estrictamente institucionales. Sin embargo, negó que esto represente una falta legal o partidaria.
El vocero también rechazó las acusaciones de que APP está copando el Congreso con cargos para sus allegados. “No hay tal intención. Los nombramientos se hacen bajo criterios técnicos y legales”, afirmó.
APP ratifica a Lozano en el cargo
Pese a las críticas, Riera confirmó que Lozano seguirá en el puesto, pues “no ha cometido ninguna irregularidad”. Insistió en que su designación pasó por revisiones jurídicas y administrativas, por lo que no hay motivos para su remoción.
El caso reaviva el debate sobre los criterios de contratación en el Estado y la transparencia en los cargos de confianza. Mientras APP insiste en que todo fue legal, la oposición exige mayores explicaciones.
