Gobierno emitirá decreto de urgencia para que empresas privadas controlen accesos en cárceles con mayores problemas. Medida busca solucionar fallas históricas del INPE en sistemas de seguridad.
Privatización como solución a crisis penitenciaria
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció este miércoles un decreto de urgencia para privatizar el ingreso a los penales del país. La medida comenzará en las cárceles con mayores riesgos de seguridad, donde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha fallado por más de una década.
Durante su exposición ante la Comisión de Justicia del Congreso, Arana explicó que el Inpe no ha logrado resolver problemas como el mal funcionamiento de escáneres y rayos X. «La empresa privada tendrá la tecnología necesaria para controlar accesos», aseguró.
Fuga en Lurigancho impulsa cambios urgentes
El anuncio se dio tras la reciente fuga de un reo del penal de Lurigancho, que evidenció graves fallas en la vigilancia. El interno escapó tras burlar a los guardias y escalar un muro, lo que generó indignación pública.
Arana confirmó que se investiga a los responsables y se destituyó al director del penal. Además, adelantó que se reforzarán las medidas de seguridad mientras avanza la privatización.
Congreso evalúa propuesta con escepticismo
Algunos congresistas, como Wilson Soto, respaldaron la idea, recordando que ya la habían propuesto en febrero. Sin embargo, otros cuestionaron si la privatización resolverá el hacinamiento y la corrupción al interior de los penales.
El ministro aseguró que el decreto se aprobará en los próximos días. «No podemos esperar más. El Inpe no ha dado resultados», afirmó. La medida forma parte de un plan más amplio para cumplir con fallos judiciales que exigen mejoras en el sistema penitenciario antes de mayo.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos advierten que la privatización debe incluir supervisión estatal para evitar abusos. El debate continuará en las próximas semanas, mientras el gobierno acelera los cambios.
