Basta de abusos. La Comunidad Campesina de Fuerabamba, ubicada en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, denuncia públicamente que está siendo víctima de una brutal represión policial a solicitud de la empresa minera Las Bambas S.A., subsidiaria de MMG Limited bajo dirección de China Minmetals Corporation.
La intervención violenta ocurre en el contexto del conflicto por el predio denominado “Tamboccasa”, una extensión de 40 hectáreas, aproximadamente, que no fue parte del proceso de reasentamiento de la comunidad y que, conforme al Convenio 169 de la OIT, sigue siendo propiedad de Fuerabamba. A pesar de ello, la empresa ha ingresado sin autorización, con policías y sicarios< matones> a desconocer e interrumpir violentamente, la posesión comunal, lo que constituye una clara injerencia en territorio comunal y ancestral.
El presidente de la comunidad, Edison Vargas Huamanga, ha informado que existen actas policiales, oficios de la Defensoría del Pueblo y reportes de la Fiscalía que evidencian esta irrupción ilegítima y los enfrentamientos resultantes, en los que ya se ha registrado al menos una persona herida por proyectil, en anterior ocasión.
Y en la hora actual, el día de ayer 29 de Abril, nuevamente, producto de los reclamos por la defensa del predio comunal «Tamboccasa», han sido brutalmente reprimidos. Es de anotar que MMG Las Bambas dispone, en este contexto de represión, con elementos extranjeros, conformados por venezolanos sicarios contratados y policías ejerciendo indebidamente sus oficios, quienes viene cometiendo agresiones, secuestros y daños a comuneros y comuneros de Fuerabamba; todo ello bajo conocimiento de autoridades locales y nacionales que nada están haciendo por el cese de esta delincuencial intervención contra la comunidad.
A pesar de los múltiples esfuerzos de diálogo por parte de la comunidad, las fuerzas del orden han respondido con represión y violencia, afectando gravemente la integridad física y psicológica de comuneros, en contradicción con los compromisos sociales firmados por la empresa minera y con los derechos humanos básicos.
El dato
La comunidad ha solicitado con urgencia la intervención de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, Ministerio de Energia y Minas, PCM, y otros organismos del Estado, exigiendo el cese inmediato de la represión, el respeto de su territorio y la instalación de una audiencia pública y un espacio de diálogo vinculante.
