Yessenia Lozano, bachiller en Derecho, percibe S/19,000 mensuales en cargo creado recientemente en el Congreso. Expertos denuncian posible tráfico de influencias.
Un escándalo salpica al Congreso tras revelarse que una militante de Alianza para el Progreso (APP) ocupa un cargo público sin cumplir los requisitos académicos. Yessenia Lozano Millones, de 36 años, gana más de S/19,000 mensuales como jefa del Centro de Modalidades Formativas.
Según el reglamento parlamentario, su título de bachiller solo le permitiría aspirar a un puesto técnico con sueldo de S/6,000. Expertos señalan que este caso evidenciaría el uso político de cargos públicos.
Ascenso sospechoso en el Congreso
Lozano ingresó al Legislativo en 2020 como asesora del excongresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual. Tras este escándalo, fue reubicada como asesora del grupo parlamentario de APP.
En octubre de 2024, mediante resolución firmada por el oficial mayor Giovanni Forno, asumió la jefatura del recién creado Centro de Modalidades Formativas. Su sueldo supera incluso al de los congresistas.
Funciones desconocidas
El dominical Cuarto Poder reveló que ni los propios legisladores conocen las labores de esta oficina. «No sabía de su existencia», admitió la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular).
Alejandro Rospigliosi, analista parlamentario, sostiene que este centro sería «una agencia de empleos encubierta» para beneficiar a militantes de APP. La subordinada de Lozano, Ruth Leyva, también es afiliada al partido de César Acuña.
Requisitos incumplidos
El Reglamento del Congreso exige licenciatura para cargos directivos. Lozano solo posee bachillerato en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia Acuña.
Expertos señalan que su designación priorizó la lealtad política antes que la idoneidad. «Han puesto a una militante, no a una persona calificada», criticó Rospigliosi.
Pedidos de investigación
Analistas exigen que la Contraloría y el Ministerio Público investiguen este caso. Temen que se use el centro para fines de proselitismo político con fondos públicos.
El escándalo revive denuncias sobre el uso partidario de cargos en el Congreso. Mientras, la oficina creada en septiembre de 2024 sigue operando con un presupuesto cuestionado.
