El Estado puede contratar a los parientes de congresistas tras eliminarse la prohibición.
Desde el 22 de abril, ya no existe restricción legal para que los familiares de congresistas contraten con entidades del Estado, salvo con el propio Congreso. La medida entró en vigencia tras la modificación de la Ley de Contrataciones, aprobada por el mismo Parlamento en mayo del año pasado. Según registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y las declaraciones juradas, 39 parientes de 33 legisladores ya figuran en contratos con el Estado. En varios casos, lo hacían incluso cuando la ley lo impedía, amparados en medidas cautelares.
Negocios públicos para parientes de congresistas
La modificación a la Ley de Contrataciones del Estado que prohibía a familiares de congresistas —cónyuges, padres, hijos, hermanos, cuñados, suegros, entre otros— trabajar o contratar con entidades públicas, dejó de tener efecto. Desde el lunes 22 de abril, ya pueden hacerlo libremente, siempre que no sea con el Congreso.
“Ahora les abre el candado y los parientes de los congresistas van a poder contratar con gobiernos regionales, con municipalidades, con ministerios”, explicó Roberto Benavides, especialista en contrataciones del Estado.
Parientes de congresistas detrás de contratos con el Estado
Antes de que se levante la restricción, ya había congresistas cuyos familiares contrataban con el Estado. En algunos casos, lo hacían con respaldo de medidas cautelares del Poder Judicial. Es el caso de allegados a los congresistas Américo Gonza, Luis Picón y Roberto Chiabra.
Otros que ahora podrán hacerlo sin impedimento alguno son la cuñada del legislador Víctor Cutipa, el hermano de la parlamentaria Kira Alcarraz y las hermanas del congresista Edgar Tello. Todos ellos consiguieron contratos con el Estado después de que sus familiares asumieran una curul.
Uno de los casos más notorios es el del hermano del congresista José Luna Gálvez, quien facturó 54 mil soles al Estado entre 2023 y 2024. También figuran dos familiares de la congresista Kelly Portalatino, quienes como accionistas de una empresa firmaron un contrato por 138 mil soles con una municipalidad de Arequipa este año.
Cambio aprobado por el mismo Congreso
La modificación legal que hoy permite estos contratos fue aprobada por el propio Congreso en mayo de 2023. Aunque entonces no tuvo mayor visibilidad, ahora que entró en vigencia deja al descubierto los vínculos entre poder político y negocios públicos.
Este cambio legal no solo elimina una barrera ética básica, sino que amplía las posibilidades de conflicto de intereses dentro del Estado. Mientras tanto, quienes legislan también abren camino para que sus redes familiares participen activamente del aparato estatal.
