Fiscalía denuncia a Vizcarra y exministros por colusión en compra de pruebas rápidas, pero los exime por demora en adquirir vacunas.
La Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros María Antonieta Alva y Víctor Zamora por presunto delito de colusión agravada, en relación con la compra de 1,4 millones de pruebas rápidas al inicio de la pandemia. La acusación sostiene que los exfuncionarios habrían concertado ilegalmente con empresas proveedoras para adquirir las pruebas por más de 6.5 millones de dólares, lo que afectó la transparencia de una de las contrataciones más grandes durante el primer año de emergencia sanitaria. Sin embargo, la Fiscalía decidió no formular cargos por la demora en la adquisición de vacunas contra la COVID-19, argumentando que las gestiones iniciadas en junio de 2020 fueron razonables.
La denuncia por colusión agravada
El Ministerio Público considera que Vizcarra, Alva y Zamora habrían aprovechado la emergencia sanitaria para favorecer a dos empresas privadas, NIPRO Medical Corporation y Multimedical Supplies S.A.C., mediante una contratación directa. Según la denuncia, esta acción contravendría la transparencia del proceso y habría perjudicado al Estado en términos económicos y sociales. Se sostiene que la compra de las pruebas rápidas, realizada a través de PERÚ COMPRAS y el Instituto Nacional de Salud, no cumplió con las normativas de contratación pública, configurando un posible acto de defraudación. Esta conducta, según el Código Penal, podría conllevar una pena de hasta 15 años de prisión.
Eximidos por omisión de funciones
En cuanto a la acusación por omisión de funciones, la Fiscalía no presentó cargos contra los investigados, argumentando que el gobierno de Vizcarra inició gestiones activas para la adquisición de vacunas desde junio de 2020. Además, en ese momento, las vacunas aún estaban en fase de ensayos clínicos y no se habían aprobado oficialmente, lo que impedía la firma de contratos definitivos. La Fiscalía consideró que la estrategia de negociar acuerdos anticipados era una práctica común en muchos países para asegurar el acceso temprano a las vacunas y no identificó dolo ni ilegalidad en las acciones de los funcionarios. Por ello, se archivó la investigación por este motivo.
Conclusiones de la Fiscalía
El Ministerio Público determinó que no existía base legal suficiente para acusar a los funcionarios por la demora en la adquisición de vacunas, ya que las acciones emprendidas fueron adecuadas al contexto. Mientras tanto, la denuncia por la compra de pruebas rápidas sigue siendo una cuestión pendiente, con implicaciones legales significativas para los exfuncionarios involucrados.
