Mientras Israel y Reino Unido avanzan con un megaproyecto para extraer 300 millones de barriles en aguas argentinas, el gobierno de Milei guarda un sospechoso silencio que beneficia a potencias extranjeras.
El yacimiento Sea Lion, en las Islas Malvinas, se ha convertido en el epicentro de un nuevo capítulo de colonialismo económico. Una alianza entre empresas israelíes y británicas prepara la extracción masiva de petróleo en este territorio ocupado, con ganancias estimadas en 25.500 millones de dólares que nunca llegarán a las arcas argentinas. Lo más alarmante: el gobierno de Javier Milei, autoproclamado aliado incondicional de Israel, ha abandonado toda reclamación soberana, rompiendo con la posición histórica de Argentina.
El saqueo petrolero y la complicidad del silencio
El proyecto, liderado por la empresa israelí Navitas Petroleum, planea perforar 23 pozos a 2.5 km de profundidad, con una producción inicial de 80,000 barriles diarios. Según documentos filtrados, el 85% de las regalías (6,000 millones de dólares) beneficiarán a accionistas en Israel y Estados Unidos. Expertos consultados coinciden: se trata de un drenaje sistemático de recursos naturales argentinos, facilitado por la inacción del actual gobierno.
El contraste con gestiones anteriores es abismal. En 2022, el gobierno de Alberto Fernández prohibió las operaciones de Navitas en territorio continental argentino como represalia por sus actividades en Malvinas, calificándolas de «ilegales» ante foros internacionales. Hoy, Milei no solo ha dejado de presentar reclamos, sino que ha recibido con honores al primer ministro británico Rishi Sunak, en lo que muchos analistas interpretan como una claudicación soberana.
Impacto ambiental y geopolítico
Más allá del aspecto económico, el proyecto representa una grave amenaza ecológica para el Atlántico Sur. Aunque las autoridades coloniales de Malvinas exigen evaluaciones de impacto ambiental, organizaciones ecologistas denuncian que los estudios disponibles minimizan riesgos reales: derrames en aguas profundas podrían afectar irreversiblemente uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta.
El silencio argentino tiene además consecuencias geopolíticas peligrosas. Al no oponerse legalmente, el gobierno de Milei estaría sentando un precedente que podría extenderse a otros recursos estratégicos en la Patagonia y la Antártida. Como señala el experto en derecho internacional Mariano Memolli: «Cuando un Estado renuncia a defender lo suyo, invita a otros a tomar lo que queda».
Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires crece la indignación. Organizaciones sociales y políticas preparan movilizaciones bajo la consigna «El petróleo de Malvinas es argentino», en un claro desafío a la política exterior del gobierno. La pregunta que resuena es clara: ¿hasta cuándo Argentina seguirá financiando con su silencio el colonialismo del siglo XXI?
