A pesar de su reclusión y juicio político, actuales normas electorales le permiten postular al Senado en el 2026.
La posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo postule al Senado en las elecciones generales de 2026 ha generado un intenso debate político y jurídico en el país. A pesar de encontrarse en prisión preventiva desde diciembre de 2022 por cargos de rebelión y corrupción, sectores de la izquierda peruana consideran su inclusión en futuras listas parlamentarias.
Según informes recientes, partidos de izquierda estarían evaluando integrar a Castillo en una futura lista para el Senado.
Esta posibilidad se ve respaldada por normas aprobadas por la Comisión de Constitución del Congreso, que permitirían su postulación a pesar de su situación legal actual.
No obstante, la viabilidad de su candidatura es objeto de controversia.
El abogado Walter Ayala, defensor de Castillo, ha señalado que el exmandatario tiene la intención de volver a postular a la Presidencia,
lo que podría influir en su decisión respecto al Senado.
En cuanto a la opinión pública, las encuestas reflejan un panorama dividido. Un sondeo de Ipsos realizado en enero de 2025 indica que Castillo cuenta con un 0.4% de intención de voto para la presidencia,
mientras que otras encuestas anteriores muestran cifras ligeramente superiores. Analistas políticos advierten que una eventual postulación de Castillo podría polarizar aún más el escenario político peruano. Mientras algunos consideran que su candidatura podría movilizar a sectores descontentos con el actual gobierno, otros temen que exacerbe las tensiones existentes y desvíe la atención de los problemas nacionales.
En este contexto, la posible postulación dePedro Castillo al Senado
en 2026 se perfila como un tema central en el debate político peruano, con implicaciones significativas para el futuro del país.
A diferencia de los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, quienes ya fueron inhabilitados por el Congreso para ocupar cargos públicos, no pasa lo mismo con Pedro Castillo, quien aún mantiene sus derechos políticos intactos, a pesar de las múltiples acusaciones en su contra. Esto se debe a que el proceso de inhabilitación requiere
una denuncia constitucional aprobada por el Parlamento, la cual aún no ha ocurrido.
En marzo de 2025, el congresista Alejandro Cavero presentó una denuncia constitucional contra Castillo por presuntas infracciones a la Constitución y la comisión de los delitos de rebelión y conspiración, buscando inhabilitarlo por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
Sin embargo, este proceso aún está en trámite y no se ha concretado la inhabilitación.
