La gestión de la titular del Ministerio Público enfrenta críticas por sus vínculos con defensores del acuerdo con Odebrecht.
Una vez más, las decisiones en el Ministerio Público parecen responder más a afinidades ideológicas que a criterios técnicos. Jacqueline Pérez, fiscal provincial y esposa del conocido abogado y activista de izquierda Ronald Gamarra, ha sido ascendida y designada como coordinadora nacional, gracias a la gestión de la fiscal suprema Delia Espinoza.
Pérez, quien trabajaba en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del Callao, fue nombrada fiscal superior provisional mediante la Resolución 2833-MP-FN, firmada el 13 de diciembre por Espinoza. Lo que llama la atención es que, pese a la existencia de fiscales superiores con más experiencia en la materia, se optó por promover a una fiscal provincial, lo que ha sido interpretado como un favoritismo hacia el sector caviar.
Un funcionario del Ministerio Público que prefirió mantenerse en reserva fue claro: “Hay muchos fiscales superiores con trayectoria, pero Delia Espinoza nombró a una fiscal provincial por su cercanía al grupo caviar. Está claro que el interés no es proteger a las mujeres, sino mantener el control ideológico de ese subsector”.
No es la primera vez que Jacqueline Pérez tiene puestos clave que generan suspicacias, pues estuvo en la Sexta Fiscalía Superior Penal del Callao justo cuando estalló el escándalo de los “Cuellos Blancos”. En paralelo, la ONG IDL, donde trabajaba su esposo, difundió audios supuestamente confidenciales. Poco después, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, la trasladó de nuevo a un despacho provincial.
Este nuevo ascenso parece estar alineado con la agenda ideológica que su esposo, Ronald Gamarra, promueve abiertamente: una visión “woke” del mundo que diluye conceptos biológicos y legales, como el de mujer, en favor de posturas radicales. El subsector que ahora dirige Pérez Castañeda es precisamente uno de los más sensibles para este tipo de ideologías.
Así, el Ministerio Público vuelve a quedar bajo sospecha: no por corrupción esta vez, sino por someterse a intereses políticos e ideológicos que poco tienen que ver con la justicia y mucho con la consolidación del poder caviar en el Estado.
