El Pleno del Legislativo aprobó con amplia mayoría una ley que faculta a las autoridades intervenir comunicaciones móviles asociadas a actividades criminales, medida que busca reforzar la lucha contra la delincuencia organizada.
En sesión plenaria realizada este miércoles, el Congreso de la República aprobó por 85 votos a favor una ley que modifica los decretos legislativos 1182 y 1338, estableciendo mecanismos para el rastreo, geolocalización y bloqueo de líneas telefónicas vinculadas a actividades delictivas. La norma, promovida por el congresista Alfredo Azurín (Somos Perú) y respaldada por diversas bancadas, forma parte de las iniciativas legislativas para fortalecer las herramientas de las fuerzas del orden en el combate contra la criminalidad.
Alcances de la nueva legislación
La norma aprobada contempla tres medidas principales:
- Intervención de líneas telefónicas: Permite la suspensión del servicio móvil y bloqueo del IMEI cuando exista evidencia de uso en actividades ilícitas.
- Geolocalización en tiempo real: Faculta el rastreo de terminales asociados a delitos como extorsión, secuestro virtual o tráfico de drogas.
- Registro nacional de equipos: Crea una base de datos centralizada para combatir el robo y comercialización ilegal de dispositivos móviles.
La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, explicó que estas herramientas buscan «dotar de mayores capacidades operativas a las autoridades frente a delitos que utilizan tecnología móvil».
Contexto y perspectivas
La aprobación se produce en un escenario donde, según datos del INEI, los delitos asociados a dispositivos móviles registraron un incremento del 25% durante 2023. Expertos en seguridad ciudadana coinciden en que la medida podría contribuir a reducir estos índices, aunque señalan la importancia de establecer protocolos claros para su implementación.
Por otro lado, representantes de organizaciones civiles han manifestado la necesidad de incluir salvaguardas que protejan el derecho a la privacidad de los ciudadanos, sugiriendo la creación de mecanismos de supervisión independientes.
El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 60 días para emitir el reglamento correspondiente, documento que deberá precisar los procedimientos y alcances de las intervenciones autorizadas por esta nueva legislación.
