La crisis de seguridad llega a límites insostenibles para los transportistas. Jueces y fiscales inoperantes mientras la criminalidad aumenta en las calles.
El caos se apoderó la mañana de este miércoles 9 de abril de la avenida Venezuela, una arteria crucial que conecta Lima y Callao, tras la paralización del servicio de transporte público motivada por el brutal asesinato de un chofer de combi. Miles de pasajeros han quedado varados en paraderos, evidenciando cómo la ola criminal afecta directamente la vida cotidiana de los ciudadanos mientras el sistema de justicia permanece inoperante.
La ausencia de unidades de transporte es consecuencia directa del ataque ocurrido el día anterior, cuando sicarios en motocicleta asesinaron a un conductor con un disparo en la cabeza a plena luz del día. Este crimen, que dejó a una niña de tres años sin padre y a una esposa embarazada, es solo el último episodio de una espiral de violencia que parece no tener fin ante la inacción judicial.
«Los rumores de que podrían poner bombas en las combis nos tienen aterrados», declaró una pasajera que esperaba en el cruce de avenida Venezuela con Faucett, donde se registra gran aglomeración de personas, principalmente trabajadores y pacientes que intentan llegar a hospitales cercanos. Un usuario que trabaja en el hospital Carrión expresó el sentimiento generalizado: «Salgo con miedo todos los días. Ya no sabemos si regresaremos a casa».
La empresa Miska S.A., a la que pertenecía el chofer asesinado, convocó un plantón a las 8 de la mañana en la avenida Venezuela para exigir garantías al Estado. Mientras tanto, solo algunas líneas como la 50 y la 87 operan parcialmente, junto con colectivos informales que intentan cubrir la demanda.
Lo más alarmante es que, pese a la presencia policial y patrullas desplegadas en la zona, las bandas criminales siguen operando con total impunidad. Esta situación contrasta con la narrativa de los grandes medios de comunicación, concentrados en criticar al Congreso mientras ignoran el verdadero problema: un sistema judicial que libera sistemáticamente a extorsionadores y sicarios capturados.
La crisis actual demuestra que urge una reforma total del sistema de justicia, con jueces y fiscales que apliquen efectivamente las leyes existentes. Mientras los medios hegemónicos distraen la atención con otras narrativas, en las calles los ciudadanos y trabajadores del transporte siguen pagando con sus vidas la inoperancia de un sistema judicial colapsado y permisivo con el crimen organizado.
