Javier Aliaga Giraldo, experto en resolución de conflictos y CEO de Grupo Diálogo Consultores, pone en evidencia la devastadora situación de Pataz, en La Libertad. Una región minera estratégica que, bajo la sombra de mafias armadas y la minería ilegal, refleja el abandono del gobierno central, el Congreso y las autoridades regionales del país. El especialista exige acciones inmediatas para prevenir una escalada de violencia y la pérdida de control territorial, mientras advierte sobre las graves repercusiones políticas, sociales y económicas de la inacción
Usted ha dicho que lo que ocurre en Pataz no es minería informal sino crimen organizado. ¿Cuáles son sus implicancias?
Lo que sufrimos en Pataz es mucho más grave que ‘minería informal’. Se trata de mafias armadas y estructuras criminales que operan con total impunidad, incluso atacando torres eléctricas, asesinando trabajadores e instalando terror. Esto socava nuestra soberanía nacional porque no solo extorsionan empresas como Minera Poderosa, sino que controlan territorios enteros. Es inexcusable que el gobierno aún no reconozca la gravedad del problema.
- Javier Aliaga Giraldo, experto en resolución de conflictos y CEO de Grupo Diálogo Consultores
¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno central y las autoridades regionales en esta crisis?
Dina Boluarte sigue limitada a discursos sin acciones firmes, algo que no resuelve la emergencia en Pataz. Necesitamos inteligencia militar y policial en el terreno, no patrullajes simbólicos. Por otro lado, el gobernador César Acuña parece no tener una estrategia real o visible. Su silencio es peligroso, ya que estas mafias se consolidan mientras él carece de respuestas o avances que beneficien a la región.
¿Y qué rol juega el Congreso frente a esta situación?
El Congreso mantiene un silencio que llama la atención, y no ha exigido al Ejecutivo ni al gobierno regional que rindan cuentas. Además, tampoco han aprobado presupuestos ni políticas específicas para iniciar un cambio. Su inacción lo hace cómplice del deterioro en Pataz y pone en riesgo a otras regiones.
¿Qué políticas públicas y marco legal se necesitan para enfrentar esta problemática que ya roza el terrorismo?
El Congreso debe reconocer la gravedad de la situación y diseñar un marco legal que responda a la magnitud del problema. Las políticas públicas deben enfocarse en desarticular estas mafias mediante acciones contundentes de inteligencia militar y policial, mientras que el Estado debe garantizar la seguridad necesaria para fomentar la inversión social que las empresas mineras pueden ofrecer.
¿Qué medidas plantea usted para resolver este conflicto en Pataz?
Primero, un plan estratégico de inteligencia liderado por Marina, Ejército y Policía para desarticular a las mafias. Segundo, incluir a líderes sociales y comunidades en alianzas para dialogar y reconstruir confianza. Tercero, inversión real en salud, educación y formalización minera, junto con un control estatal efectivo que recupere el territorio. El camino es combinar diálogo con seguridad especializada.
¿Qué papel deben asumir las empresas privadas frente a este problema?
Las empresas ya están siendo extorsionadas y atacadas, pero vienen trabajando activamente en fortalecer su rol social en las áreas de influencia, desarrollando iniciativas sostenibles que priorizan el bienestar de las comunidades. Dichos esfuerzos contribuyen a evitar que estas caigan en redes criminales. Sin embargo, para que estas inversiones sociales sean más efectivas, es fundamental que el gobierno brinde garantías reales de seguridad, ya que, sin ellas, no podrán consolidarse ni atraer nuevas inversiones.
En este sentido, es fundamental fortalecer el trabajo articulado que vienen desarrollando empresas como Minera Poderosa, Marsa y Horizonte. Estas compañías tienen un rol clave, no solo en la generación de desarrollo sostenible en las comunidades, sino también en la defensa del territorio frente al avance del crimen organizado.
¿Qué papel considera que debe asumir el Estado y las empresas mineras para transformar la situación?
Las empresas, como Minera Poderosa, tienen un rol crucial a través de inversión social estratégica que tenga impacto real en las condiciones de vida de las comunidades. Sin embargo, esto solo funciona si el Estado establece un entorno seguro y reglas claras. Es indispensable combatir con fuerza a las mafias armadas que operan con total libertad, garantizando que las inversiones privadas no se vean amenazadas por el crimen organizado.
¿Qué podría significar no actuar ahora?
Si no se actúa ya, estaríamos replicando los errores de nuestra historia más oscura. Las mafias continuarían expandiéndose como ocurrió con el terrorismo de décadas pasadas, secuestrando no solo la minería sino el futuro económico y social del país. El costo sería inmenso, no solo perderíamos riqueza mineral, sino vidas humanas, inversión nacional e internacional, y confianza en nuestras instituciones.
Ampliado:
“Lo que ocurre en Pataz trasciende la minería informal. Es crimen organizado y el Estado lo sabe. O actuamos ahora con firmeza y decisión, o mañana el precio a pagar será mucho más alto que el oro que hoy se roban.”
