Por unanimidad, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo rechazó apelación del Estado y ratificó que no existen elementos para sostener acusación por presuntos 15 millones recibidos de minera Chinalco

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó el sobreseimiento del caso de lavado de activos seguido contra Vladimir Roy Cerrón Rojas y otros diez imputados, al declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Especializada.

La Resolución Número 64, emitida el 4 de abril de 2025 por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, con Julio César Lagones Espinoza como ponente, confirmó el sobreseimiento del caso contra Vladimir Roy Cerrón Rojas y otros diez imputados, incluidos Fritz Elías Cerrón Rojas, Carlos Arturo Mayta Valdez y Henry Fernando López Cantorín, por el presunto delito de lavado de activos vinculado a supuestos 15 millones de dólares provenientes de la minera Chinalco, al verificarse que «no existe desbalance patrimonial en los ingresos económicos de los investigados» y que los montos cuestionados «son productos de actividades económicas personales de cada investigado».

Tras conocerse la decisión judicial, Vladimir Cerrón manifestó: «ARCHIVADO caso LAVADO DE ACTIVOS. Después de 10 años de investigación, cuya fuente sería un cohecho de la empresa minera Chinalco, por una suma de 15 millones USD, se archiva esta denuncia calumniosa por el Colegiado Superior por UNANIMIDAD. No hay desbalance patrimonial, no hay lavado de activos y las cuentas están justificadas de todos.»

Contexto: Una acusación sin sustento

La investigación por lavado de activos contra Vladimir Cerrón y otros imputados surgió a partir de una denuncia presentada el 4 de agosto de 2016 por Ricardo Barzola Carhuancho, exfuncionario del Gobierno Regional de Junín y excolaborador cercano de Cerrón, quien alegó que este habría recibido 15 millones de dólares de la minera Chinalco para facilitar el reasentamiento de aproximadamente 5,000 pobladores de Morococha.

Según la acusación original, estos fondos habrían sido canalizados a través de sus hermanos Waldemar y Fritz Cerrón, quienes supuestamente actuaron como intermediarios. A principios de 2021, el fiscal Dennis Rondón Castillo solicitó archivar la investigación por falta de pruebas, pero la Procuraduría de Lavado de Activos de Junín cuestionó esta decisión argumentando que no se habían realizado diligencias básicas como el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, ni el peritaje contable de los bienes de los imputados.

El 23 de febrero de 2021, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín, Rafael Herrera Rivas, ordenó una ampliación de la investigación por 6 meses adicionales. Posteriormente, el fiscal Richard Rojas Gómez amplió la investigación incluyendo a Bertha Rojas López, madre de Cerrón, como presunta testaferro, y a Richard Rojas García, secretario de organización de Perú Libre.

Sin embargo, la resolución judicial actual (Resolución Número 64) confirma explícitamente que «no se haya verificado la entrega de los quince millones que describe los hechos imputados» y que tras analizar todas las pruebas, incluyendo las pericias contables y el levantamiento de los secretos financieros, no se encontró desbalance patrimonial alguno ni conexión con actividades delictivas. El colegiado superior determinó que los fondos en cuestión «son productos de actividades económicas personales de cada investigado», desestimando completamente la teoría del caso presentada por la Procuraduría, que durante casi una década sostuvo estas acusaciones sin lograr reunir evidencia suficiente para sustentar el nivel de sospecha necesario para un juicio.