El gobierno reafirma su apuesta por la expansión minera, pero comunidades en Tambogrande y el Valle de Tambo denuncian amenazas a su territorio y modo de vida.
Durante una reunión en marzo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, sostuvo que el 85% del territorio peruano está disponible para la exploración minera y el 44% es potencialmente explotable. Sin embargo, este discurso ignora la presencia de comunidades y actividades agrícolas que dependen del agua y la tierra, generando un conflicto entre el modelo extractivista y la defensa del agro.
En Piura, el 28 de febrero, la población de Tambogrande realizó un paro contra el proyecto minero El Algarrobo, impulsado por Buenaventura. Pese al rechazo, ProInversión firmó un contrato de concesión con la empresa, sin considerar el impacto ambiental y social que los habitantes han denunciado. En Arequipa, los agricultores del Valle de Tambo han interpuesto una demanda de amparo contra el proyecto Tía María de Southern Perú, argumentando que su Estudio de Impacto Ambiental expiró en 2019. Además, denuncian criminalización y persecución de dirigentes, con dos líderes sociales en prisión.
Estos valles son zonas agrícolas de gran importancia, produciendo cultivos como limón y mango en Tambogrande, y cebolla, ajo y arroz en el Valle de Tambo. No obstante, el gobierno insiste en descalificar a sus pobladores, acusándolos de ser «antimineros» y oponerse al desarrollo, sin establecer un diálogo real.
Mientras tanto, la minería ilegal sigue creciendo sin un control efectivo del Estado, generando violencia y deterioro ambiental. Organizaciones como la Red Muqui han advertido sobre la urgencia de un enfoque integral que considere las desigualdades sociales y económicas del país, así como la defensa del derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio.
