Bloqueos y protestas marcan el paro en Cotabambas mientras se debate en la Corte de Abancay la situación de 11 ex dirigentes condenados tras denunciar irregularidades en la operación de MMG Las Bambas.
El día de hoy las vías principales de la provincia amanecieron bloqueadas, ya que la provincia de Cotabambas ha realizado un paro que podría intensificarse en las próximas horas. En paralelo a eso se realizó una audiencia en la sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Abancay.
Durante la reunión se debatió sobre la situación de los 11 ex dirigentes que enfrentan procesos judiciales luego de denunciar las modificaciones arbitrarias e impuestas en la operación de la minera MMG Las Bambas. La población ha salido a las calles a protestar, exigiendo la libertad inmediata de estos voceros y el fin de la persecución en su contra.
Desde hace una década, las comunidades afectadas por el megaproyecto minero han sufrido represión, violencia y persecuciones judiciales. En septiembre de 2015, la Policía Nacional del Perú (PNP) reprimió de manera violente una protesta legítima contra los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental, esto dejó tres personas muertas: Beto Chahuallo Huillca (24 años), Alberto Cárdenas Chalco (23 años) y Exaltación Huamaní (30 años).
Además, un año después, Quintino Cereceda (42 años) falleció a manos de la PNP. Pese a la violencia estatal, no ha iniciado los procesos judiciales contra los policías ni con los ejecutivos de la empresa.
Por el contrario, MMG Las Bambas ha iniciado un proceso penal contra más de 300 defensores del territorio, de los cuales 37 fueron llevados a juicio y 11 fueron condenados. La sentencia emitida el 25 de julio de 2024 por el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas se fundamentó en pruebas que no demuestran la participación de los incriminados.
Este caso demuestra la parcialidad de la fiscalía y del juzgado, aparentan favorecer los intereses de la empresa, ya que se evidencia las irregularidades y la ausencia de garantías en el proceso judicial
Se hace un llamado a la comunidad nacional e internacional ante el uso del sistema judicial para beneficiar a MMG Las Bambas y criminalizar a las comunidades afectadas. La empresa no solo ha intervenido en el juicio como parte civil, sino que también ha solicitado una reparación civil de 80 mil dólares, la cual fue concedida sin fundamentos claros, profundizando la criminalización de los defensores y defensoras del territorio.
